El 17 de marzo de 2020, el Congreso y su Junta Directiva recién instaurados -producto de un proceso señalado de fraudulento- eligió a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para integrar el Tribunal Supremo Electoral. Los nombres surgieron de la preselección hecha por unas Comisiones de Postulación también señaladas de fraudulentas. Es decir que, el TSE de “supremo” solo tiene el nombre pues su origen ilegítimo le obliga a doblegarse ante los caprichos de Giammattei y su “ahijado”.

Cada uno de los magistrados tendría una razón personal para someterse a conveniencia del Ejecutivo. Un titular y un suplente tuvieron la osadía de presentar documentos falsificados de estudios universitarios que no habían terminado. Una Magistrada fue candidata vicepresidencial de un partido político al que se le negó la inscripción del binomio debido a procesos penales por corrupción. Otro titular está señalado de ser afín al partido UNE, razón por la cual este partido no termina de ser cancelado pese a las denuncias por financiamiento electoral ilícito. La recién nombrada presidenta de ese organismo está señalada de traficar influencias para colocar a su esposo en múltiples plazas fantasma durante los últimos cinco gobiernos incluyendo el actual, por lo que su independencia está en entredicho. Hay un Magistrado que representa al CACIF y también fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Jimmy Morales.

¿Qué soberanía o independencia pueden ostentar los Magistrados con esas referencias? Es obvio que ninguna.

Fotografía de Carlos Hernández Ovalle

En ese contexto, estamos a pocos meses de la convocatoria a elecciones generales y el panorama pinta muy mal para cualquier candidato que manifieste intenciones de participar. Los aspirantes deberán sortear una serie de obstáculos e interpretaciones discrecionales de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Además, las aspiraciones de algunos podrían sucumbir ante el capricho del presidente Giammattei y su “ahijado” quienes, tomando en cuenta las debilidades de los Magistrados del TSE, tienen cierto poder para bloquear la participación de sus contendientes utilizando la cooptación del Congreso, las Cortes y la Contraloría.

En la atmósfera se respira hedor a FRAUDE, así con mayúsculas. La manipulación de la LEPP será utilizada para viabilizar candidaturas como la de Sandra Torres por ser una figura antagónica que genera antivoto.  Se sabe que en la jugada está el actual Contralor General de Cuentas, no por gusto se ha retrasado la elección de un sucesor, dado que el actual ha encubierto toda la corrupción en las instituciones públicas. Se empieza a evidenciar el favoritismo hacia ciertos personajes que descaradamente hacen proselitismo en las narices de los Magistrados, en tanto, personas que ejercen su derecho a la libre expresión son conminadas a callar bajo amenaza de vedarles su participación en el proceso electoral.

Diversas causas podrían impedir las candidaturas de Zury, Mulet o Roberto Arzú, al igual que las de otras figuras divergentes como Thelma Cabrera, Jordán Rodas o Manuel Villacorta por mencionar algunas.

Fotografía de David Toro

¿Estará preparada la ciudadanía guatemalteca para presentar oposición al FRAUDE que se avecina? Ha quedado en evidencia que intentan aprobar leyes en el Congreso cuya intención es silenciar a los votantes, reprimir las posibles protestas, manipular las elecciones para lograr el continuismo del partido oficial y hacer que el primer “ahijado” de la nación obtenga una ansiada curul que le permita la inmunidad necesaria para evadir la justicia por un buen tiempo. Ante este panorama, no queda más que la resistencia y oposición de los gobernados. La tarea será ardua pero no imposible.

Es ahora o nunca cuando los partidos políticos deben implementar su propia estrategia de comunicación, preparar un equipo legal para dar acompañamiento a los candidatos cuya inscripción pudiera ser objeto de obstrucción por medio de artilugios jurídicos. Los votantes estamos llamados por la misma Constitución Política de la República de Guatemala a ser garantes de unas elecciones libres. Es un deber ciudadano que no podemos soslayar.

El FRAUDE ya está en marcha. Los magistrados del TSE son coaccionados por la amenaza de procesos judiciales y compromisos con sus electores. Los partidos políticos y sus candidatos parecen estar naufragando en un mar de requisitos y trabas que impone la LEPP. Los diputados bailan al son que les toquen según el billete que reciben por pasar leyes inconstitucionales dirigidas a coartar libertades e imponernos un nuevo gobernante igual de corrupto que el actual, con quien seguro pactarán la inmunidad de su clica para disfrutar los bienes mal habidos hasta que el brazo de la ley les alcance.

La historia no puede repetirse. Es momento de levantar la cara, mirar de frente y exigir de manera contundente, #NoAlFraudeElectoral.