Fotografía de Esbin García
El reclamo popular: ¿Y en dónde está el dinero? conlleva múltiples connotaciones de la manera como la ciudadanía ha visto el manejo de la cosa pública desde el inicio del gobierno, especialmente durante la pandemia.
Un saldo de desconfianza hacia las autoridades que no han sabido explicar ni el cómo ni el porqué del uso de tanto recurso sin resultado visible. Un saldo de desesperanza pues se pensó que este gobierno, al ser electo como rechazo a una opción que ofrecía bastante mayor experiencia en el manejo de la cosa pública, incluyendo las mañas para hacerlo, no dio los resultados esperados de transparencia y eficiencia del manejo de la situación nacional.
Un saldo de incertidumbre ante el actuar generalizado de las élites de poder y económicas al solapar todo tipo de actos contrarios a la Constitución, empezando por las “disposiciones presidenciales”, pasando por la no elección de cortes a pesar de llevar ya un año de usurpar la categoría de magistrados y llegando al colmo de la auto desintegración del tribunal constitucional al emitir un fallo definitivo donde se deja sin designado al magistrado electo por la Corte Suprema de Justicia. Ni qué decir del atentado contra la propiedad privada, ahora que se sienta un precedente que una institución “autónoma” como el MP puede declarar lesivo un contrato unilateralmente. ¿En qué posición quedan quienes hacen negocios con el Estado?
Muy poco que celebrar. Hemos descendido a Xibalbá, ese inframundo de nuestra mitología maya, donde Camazotz, el murciélago asesino controla la vida de quienes habitan allí, bajo la mirada de los dioses de la enfermedad y muerte.
Sin embargo, la pregunta es: ¿Qué estamos haciendo? Lastimosamente nada. La población aun con más miedo que ganas de cambiar las cosas ha permitido los desmanes de la clase política sin vislumbrarse ningún cambio.
Un presidente que no termina de salir del closet; un súper ministro que no rinde cuentas pues su puesto no está previsto constitucionalmente; magistrados de todas las cortes intocables; jueces tachados; diputados con más fama de mafiosos que de políticos; alcaldes con puesto comprado por el dinero negro; funcionarios de tercera categoría ejerciendo el poder real, hasta los presidentes de COCODES se han erigido en autoridades inimpugnables.
Realmente un panorama muy sombrío que se refleja en estas líneas.
Llegó el momento de un cambio total. Hay que empezar de nuevo. Ya los 35 años de vigencia de nuestra Constitución, mañosamente reformada en el año 93 en favor de intereses particulares caducó. Sí, caducó y es momento de un nuevo pacto social. Un llamado a la sociedad como se hizo en el 2015. Necesitamos hacer en nuestra Guatemala una poda, como la buganvilia, que al chapearla florece esplendorosa.
