El miércoles el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas (AKA “Yordan Roudha”), presentó un Amicus Curiae para mandar a freír ejotes a la acción de inconstitucionalidá que el avieso abogánster, Otto Gómez, en compañía de Leonel Castañeda Tejada (abogato de Sandra Towers) zampó en la Corte de (in)Constitucionalidad (CC) para darle en la nuca al terror de los corruptos en esta república bananera: la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el pandediós de Juan Panchito Sandoval.

Gómez es un hombre astuto y ambicioso, que sólo le pide a la vida un buen fijador de cabello, una troca blindada sin placas —preferiblemente escoltada por la División de Protección de Personalidades del Ministerio de Gobernación— y una Corte de Constitucionalidad vendida al mejor postor… Este último deseo se le terminó de conceder espléndidamente esta misma semana, con la juramentación —de urgencia y a deshoras— de dos nuevos magistrados afines al Pacto de Corruptos. El mal augurio en este caso, es que el magistrado titular juramentado el jueves, Néster Vásquez, vote, al igual que los otros pizarrines, a favor de  la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Gómez para que se deje sin efecto el Acuerdo 59-2019 que dio vida a la FECI dentro del Ministerio Público (MP).

En tan dramático contexto, el PDH, defendiendo lo que queda de la patria como gato panzarriba, presentó un recurso para ver si cuela en la resolución del pleno a la inconstitucionalidad planteada. Luego de realizar una lectura minuciosa de los argumentos de dicho recurso que refiere al Decreto 35-2007, se percató de que esta norma no se encuentra vigente, por lo que no es «susceptible a ser atacado por inconstitucionalidad». La espuria acción «carece de la expresión clara de los motivos jurídicos en que descansa la impugnación del Acuerdo de Fiscalía 59-2019 y se centra en atacar la legalidad del acuerdo de creación de la -otrora- Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala». 

«La existencia de órganos de investigación como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), es fundamental para luchar contra la corrupción en Guatemala ya que, a través de su experiencia, busca investigar las acciones en las que pudieran verse involucrados empleados y funcionarios públicos, que en la búsqueda de un beneficio propio o de terceros, perjudican el bienestar común del pueblo guatemalteco y con ello, permiten la violación de los Derechos Humanos. De ahí, la importancia de su existencia, como garante del Estado de Derecho», asegura Roudha…

Por su maligna parte, el recurso planteado por Gómez argumenta que «la inconstitucionalidad es notoria y susceptible a causar más daños irreparables a los ciudadanos guatemaltecos (as) y demás personas que residen o viven dentro del territorio nacional de Guatemala, independientemente de su nacionalidad que puedan ser afectados».

Para acompañarnos a conocer el amargo recorrido de esta triste historia, recomendamos leer las notas: Impunidad de rebaño y también viceversa