El gobierno de Alejandro Giammattei, ya perdió toda legitimidad y credibilidad, lo que se transforma en ingobernabilidad. Su autoridad política se mantiene únicamente aplicando el autoritarismo y la fuerza, propio de las dictaduras, que lejos de ser fuertes, son una práctica propia de regímenes débiles. Al no contar con la aprobación de la sociedad, deben imponerse sobre esta, aplicando prácticas dictatoriales.

Se puede indicar que Giammattei demostró desde las elecciones una falta de legitimidad. Alcanzó la presidencia sin el apoyo del 76% del electorado, obteniendo lo que se puede llamar una Victoria Pírrica. Apenas el 24 % de los empadronados votaron por su partido. Inició su mandato con una endeble base social, que con el tiempo se disolvió.  Ganó sin el apoyo rural, solo por el voto urbano, sin el apoyo de los pobres, los indígenas, ni los campesinos, quienes sufren las grandes carencias sociales. En su programa político, estos sectores nunca aparecieron como los más beneficiados y la práctica de su administración lo ha demostrado, a ello se deben los conflictos sociales que se han producido durante su gobierno.  En su relación con la sociedad, lo han llevado a grandes improvisaciones y desaciertos, su fortaleza ha consistido en apoyarse en la fuerza pública para poder gobernar utilizando estados de excepción, restricciones ante la pandemia y aumento de la represión.

Recurrir a la fuerza y al poder coercitivo, ha demostrado que la sociedad no acepta ese régimen, lo cual genera resistencia y los resultados lo demuestran. La población ha salido a las calles a protestar ante los altos precios del combustible, por el aumento de los precios de la canasta básica, por el aumento de la corrupción, por los negocios sucios y abusivos del Crimen Organizado y el narcotráfico, enquistados dentro de las instituciones de la administración pública. Salir a las calles a protestar por los abusos, la corrupción, el encarecimiento de la vida y los desaciertos políticos, es considerado como un acto criminal y hasta un acto terrorista. Pero, ¿de qué otra manera se puede hacer sentir el malestar y las demandas de la población?

La respuesta del gobierno no se hace esperar, reprimiendo las diferentes manifestaciones de la ciudadanía. A ello se suman los empresarios de siempre, alegando los crímenes y atentados contra la propiedad privada y las grandes pérdidas a la economía nacional. Pero a estos, lo que les interesa son sus ganancias, no el bienestar de la mayoría, por la que nunca han abogado. Por el contrario, pertenecen a las mismas familias que desde la colonia esclavizaron a las poblaciones originarias, llegando a reprimirlas por cualquier acto de insubordinación ante la autoridad del amo.

Son los mismos que siguen creyendo que Guatemala es su finca, y son los mismos que impusieron las dictaduras, utilizando el látigo en la mano para dominar a la población que tuvieron sometida. Con el avance de la ciencia política y la modernización, esa dominación se ha transformado, porque es llevada a cabo por su servidor, el Estado, su administración y sus fuerzas represivas. El Estado que ellos mismos crearon, como un ente político de dominación de la sociedad, que defiende sus intereses económicos.

Durante su gobierno, Jimmy Morales utilizó el Estado de Excepción para retomar el control político de varias regiones del país, dominadas por el narcotráfico en sus disputas por el territorio. El gobierno apoyando a un grupo, pasó por encima de las permanentes demandas sociales y la conflictividad provocada en esas regiones. Allí fue montado un supuesto brote de subversión y combates no aclarados por el propio ejército, donde murieron varios soldados. Ahora mismo el conflicto tuvo continuidad en los tribunales, teniendo como chivo expiatorio a un histórico ex jefe guerrillero, condenado por más de cien años de prisión. Los delitos no pudieron ser probados, y el Estado de Derecho sufre otra agresión del régimen autoritario.

Giammattei montó un circo para elegir al Fiscal General. Se nombró una Comisión de Postulación, que concluyó con el largo proceso para elegir a solo seis candidatos, escogería a uno para ser el jefe de MP. Se debe destacar las “güizachadas” que se jugaron para que Consuelo Porras quedara dentro de los finalistas. Todo ese proceso le costó al pueblo de Guatemala, muchos millones de quetzales, para elegir la cabeza del ente encargado de la persecución penal durante el periodo 2022 al 2026.  A estas alturas no se duda que será un personaje afín a la línea política del gobierno, que siga jugando el papel de encubridor de la corrupción de la dictadura de Giammattei, en lo que le falta para concluir su administración. Además, se estará garantizando la continuidad política del futuro gobierno, que no se duda será la alianza de corruptos, para eso ya cooptaron el resto de las instituciones del Estado.  Puede ser la misma Consuelo Porras, entonces, para qué gastar tiempo y dinero, con lo cual se garantizan seguir haciendo más de lo mismo.