En la década de los 60´s funcionaba el poder político de INCO/EXMIBAL, por entonces dueños de la mina de níquel del Estor. Se produjo el golpe de Estado contra Miguel Idígoras Fuentes, y el país quedó sin Constitución que lo rigiera, gobernado el país, por decreto por el gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia. Por tal razón, el Código de Minería fue hecho a la medida de los intereses de los dueños de la mina.

Con la llegada a la presidencia del coronel Carlos Arana Osorio, éste autorizó en 1971, las concesiones de explotación del níquel en El Estor.  Considerando los beneficios que esa explotación tendría para el país, y los daños que se podría causar al ambiente, se integra una comisión de diputados y especialistas, para estudiar el impacto ambiental, las relaciones de la minera con las comunidades, así como las regalías que éstas proporcionarían al Estado. La Comisión incomodó a las trasnacionales dueñas de la mina y se convirtió en un blanco a eliminar y también del gobierno, por su negativa a la explotación de los recursos nacionales.

Dentro de la comisión se encontraba el diputado Oscar Adolfo Mijangos López (Fito Mijangos) y Julio Camey Herrera, quienes fueron asesinados. Rafael Piedrasanta Arandi y Alfonso Bauer Paiz fueron víctimas de ataques con intensión de aniquilarlos. Fito Mijangos quien por su invalidez se movilizaba en una silla de ruedas, creyó que por su condición de discapacitado no sería tocado por los esbirros. Fue asesinado en su silla de ruedas de doce balazos y se demostró que, ante los intereses de las trasnacionales y la complacencia del gobierno de asesinos de entonces, no se detendrían ante esos obstáculos legales o “pequeñeces” como fueron considerados, y los crímenes nunca fueron esclarecidos.

En 2018, indígenas de El Estor, presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia, pidiendo la suspensión de las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, GCN, porque no se hizo la consulta respectiva a las comunidades. En 2006, el gobierno de Oscar Berger renovó la licencia minera, pero tampoco fueron consultadas las comunidades, pese a que Guatemala ya había ratificado el convenio internacional que regula ese derecho. Las comunidades reclamaban ser propietarios de los terrenos donde la mina estaba operando, pero el gobierno ordenó el desalojo por la fuerza de los pobladores, quemándoles las casas y violando a las mujeres Q’eqchíes. Desde entonces, los órganos y poderes del Estado, no han tomado el problema en sus manos, ni han protegido los intereses de los guatemaltecos como se esperaría, pero se han sumado a las arbitrariedades del gobierno que los tiene cooptados. Tampoco se aplican los convenios que Guatemala ha firmado y ratificado en materia de derechos comunitarios.

Lo mismo sucede en la actualidad, a 50 años de los sangrientos sucesos que eliminaron físicamente a Fito Mijangos y compañeros. Una gran demostración de fuerza policiaca y militar, disolvió una manifestación de las comunidades del Estor, que se oponen a la explotación minera. Tampoco se escucharon las opiniones de las comunidades, a las que se les ha impuesto los intereses de las trasnacionales con la complacencia del gobierno. Como viene sucediendo, los sobornos han funcionado muy bien para comprar la voluntad de los presidentes y demás autoridades, para saquear los recursos no renovables del país.

Fotografía de Danilo Ramírez

El níquel de Guatemala, es uno de los más ricos y puros del mundo, por ser un yacimiento de gran potencia en tamaño y calidad.  Eso atrae a las trasnacionales porque dentro de su estrategia, el país es uno de los cinco principales productores de níquel en el mundo. Solway compró la mina en 2012, y tuvo ingresos de US$557 millones y ganancias de US$119 millones. Dos tercios de esos ingresos dependen de la mina guatemalteca y la refinería de Ucrania. Reconoce que, si no tuvieran el proyecto en Guatemala, tendrían que detener su planta de operaciones en Ucrania, pues en 2014, Indonesia prohibió la exportación de minerales; porque para sacar el mineral de ese país, tendrían que procesarlo allí, con lo cual se beneficiarían los trabajadores con una planta.

En Guatemala no tienen ese problema, porque los contenedores salen del país en bruto, con tierra, rocas y todo lo que lleva, es procesado en su planta de Ucrania. Aquí no se reconocen los otros minerales que salen en esos contenedores, pero se sabe que a la par del Níquel, se encuentran otros minerales considerados estratégicos. Para los rusos es un negocio redondo, porque se benefician de una base de recursos de mineral seguro en su extracción, por la complacencia del gobierno guatemalteco y de bajo costo en su producción, por las pocas regalías que dejan en el país, que prácticamente se los regala.

Si no se reconoce por buena voluntad los derechos de las comunidades, se les impone por la fuerza la voluntad gubernamental. Los Estados de Sitio, son una forma de imponer por la fuerza aquellas medidas que los gobiernos no lograrían si tuvieran el apoyo de la sociedad. En este caso se les impone por la fuerza los intereses de la empresa trasnacional rusa. Estos intereses no benefician a las comunidades y el gobierno debe recurrir a la mayoría de votos que compra en el Congreso para aprobar un Estado de Sitio autoritario. Mientras lanzan una cortina de humo para desviar la atención de los guatemaltecos de los aspectos políticos más importantes, se plantea aprobar que los barriletes gigantes del Día de Muertos, sean considerados “Patrimonio de la Humanidad”. El gobierno caracterizado por entreguista, pone en bandeja de plata los recursos nacionales, que se perderán para siempre y que en nada benefician al desarrollo y bienestar de las comunidades ni del país.

Fotografía de Danilo Ramírez