Fotografía de Ulf Aneer

En octubre de 1981 se produjo uno de los hechos mas aberrantes que el departamento de Chiquimula haya conocido. El 19 de octubre de aquel trágico año, alrededor de 500 miembros del ejército ocuparon militarmente El Jute, una pequeña aldea que está ubicada en las afueras de la cabecera departamental.

Casa por casa fueron realizando requisas de manera ilegal, en distintos lugares de la comunidad capturaron arbitrariamente a 10 personas. Las víctimas fueron llevadas por la fuerza a las instalaciones militares de la base Rafael Carrera ubicada en Zacapa, posiblemente en ese lugar fueron torturados, luego ejecutados extrajudicialmente para por último ser inhumados en algún lugar de las mismas instalaciones castrenses.

Al menos dos de los familiares de las víctimas se dedicaron a buscar a quienes fueron detenidos ilegalmente y se encuentran hoy desaparecidos. Tocaron puertas de instituciones, buscaron que se hiciera justicia. Luego de más de dos décadas encontraron respaldo y apoyo en el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

A partir de esa coordinación se logró la detención de tres comisionados militares y un alto oficial del ejército, quienes fueron condenados a 53 años de prisión como responsables intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad. Uno de los dos familiares que buscaron justicia y conocer la verdad fue Isidoro Gallardo Rivera.

Luego de haber transcurrido cuatro décadas tras la desaparición de las diez personas, también de haber logrado acceder a la justicia sin conocer la verdad, Isidoro se convirtió en víctima de la violencia, esta violencia que está afectando a toda la población.

El 29 de octubre de 2021 en una de las calles de Chiquimula, Isidoro fue muerto de manera violenta, no se sabe cuántas personas participaron en ese ataque, pero sí se sabe que utilizaron armas de fuego. Isidoro se transportaba en un automóvil al lado de su hijo. Ambos fueron agredidos en ese ataque, en el que Isidoro perdió la vida y su hijo quedó gravemente herido.

Este es un crimen que debe ser esclarecido, sin que se busque criminalizar a la víctima como ocurre frecuentemente, porque fácil resultaría para las autoridades responsabilizar al mismo Isidoro por su muerte. Así que el Ministerio Público tiene en sus manos la posibilidad responder de manera clara o dejar que este crimen quede en la impunidad como tantos otros en el Guatemala.