PARTICIPACIÓN POLÍTICA
La igualdad política perfecta no es factible en sociedades económicamente desiguales. Sin embargo, las democracias no pueden fallar en su compromiso con la igualdad política, aun cuando sea inevitable una dosis de desigualdad política porque no se logra entender claramente cómo es que los recursos económicos afectan los resultados políticos. La influencia corruptiva del dinero es el flagelo de la democracia.
En casi todos los países de América Latina se impulsan reformas a las leyes relacionadas a la política y de la forma en que operan los políticos. Vemos que en nuestro país aprobar leyes es sencillo mientras que su aplicación efectiva por parte de las entidades de gobierno es donde está la dificultad, porque no pueden aplicar aquellas que afecta sus intereses personales.
La financiación ilícita de la política puede tener origen legal o ilegal. En el primer caso, el problema no radica en su origen sino en su uso, cuando es empleado para corromper y sobornar. En el segundo, se trata del dinero que proviene del crimen organizado. El narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero tienen una creciente incidencia en algunos países de la región. El grado extremo de la influencia del dinero ilícito en la política es la cooptación del Estado con acuerdos entre dirigentes políticos y crimen organizado, fenómeno que se ve y en nuestro país y en otros países de la región.
En Guatemala el financiamiento ilícito tiene muchas modalidades, pero donde más evidente ha sido es en el acceso a los medios de comunicación masivos, para ejemplificar esto, podemos hacer referencia a la televisión abierta que fue monopolizada por un operador privado, el empresario Remigio Ángel González. Desde mediados de la década de los ochenta, este monopolio le ha otorgado a González una extraordinaria influencia política en el país. Durante la campaña presidencial de 1999, González puso todo el poder de su monopolio al servicio de la candidatura de Alfonso Portillo, donando la mayoría de su publicidad televisiva. Tras la elección el yerno y asesor legal de González, Luis Rabbé, fue nombrado ministro de Comunicaciones e Infraestructura y, por lo tanto, encargado de la tarea de regular la operación de los canales de su suegro. Rabbé fue destituido en junio 2001 cuando el Congreso le atribuyó diversos actos de corrupción. A pesar del compromiso del entonces presidente Portillo de licitar dos frecuencias de televisión, propiedad del Estado, el monopolio de González permanece intacto hasta nuestros días.
Como puede observarse, el origen del financiamiento privado de las campañas es materia de especulación en casi todos sus extremos, la opacidad es naturalmente mucho mayor en otras dos fuentes muy problemáticas, tanto en nuestro país como en toda la región, son: el financiamiento extranjero y el dinero proveniente del crimen organizado.
En teoría la vigilancia, control y prevención de estos delictivos, por ley le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, vemos con preocupación que su prioridad está en otros asuntos, porque también es una institución que se ha plegado a los intereses de algunos políticos y/o grupos políticos.
*Extraído del documento: Política Dinero y Poder. OEA y Fondo de Cultura Económica
