Según la Constitución, el ejército está destinado a mantener el Honor de Guatemala. Pero hace unos días, altos oficiales de esa institución fueron capturados por formar parte del narcotráfico. Demostraron no tener principios, ni una ética a toda prueba. Quedó demostrado que este mandato constitucional es violado por la propia institución castrense, que juró defender la patria, entonces… ¿a qué honor se refiere?
Está demostrado que la narcoactividad, ha corrompido los cuerpos de seguridad, los policiales, y la institución armada no es la excepción. También parte significativa de los poderes del Estado, los partidos políticos y ha constituido poderes alternos, ha estimulado el surgimiento de ramas del crimen organizado y ha elevado los índices de violencia y criminalidad. Sobre todo, ha puesto en crisis la soberanía del Estado, y los gobernantes propician este delito con la corrupción.
El narcotráfico, es una de las formas del crimen organizado, que más genera impunidad. Por las ramificaciones que tiene dentro de diferentes sectores de la sociedad, por los recursos económicos que maneja, y por la cantidad de funcionarios públicos involucrados. La posibilidad de su funcionamiento, se debe a la debilidad de las instituciones, tomando en cuenta que el Estado guatemalteco es excesivamente centralizado, disfuncional, obsoleto, con cuerpos de seguridad inadecuados y la mayoría de veces corruptos. A ello se agrega un Sistema de Justicia arcaico, el cual propicia las oportunidades de burlar el Estado de Derecho y poder operar con plena impunidad. El crimen organizado hace circular grandes cantidades de dinero en las instituciones, comprando, sobornando y corrompiendo a los funcionarios dentro de la administración pública, que ven una oportunidad para hacerse de recursos de manera fácil, defraudando al Estado.
Ante esas acciones de impunidad, se debe dejar de lado toda idea que haga del ejército, intérprete, representante o vocero de la Nación o de la sociedad; o que representa el honor de la Nación. La sociedad se expresa y se representa, a sí misma, a través de los mecanismos ciudadanos que establecen la representación legítima, y por ley, establecida por medio de la organización estatal.
El honor militar quedó reducido a un concepto vacío de contenido moral, desligado de la ética y plenamente compatible con la práctica sistemática de la tortura, el exterminio de población civil, la ejecución arbitraria de mujeres, niños y ancianos. La sociedad fue el Enemigo Interno, que el ejército combatió, por lo tanto, no pudo ser representante de ningún honor de los guatemaltecos. El espíritu de cuerpo se manifestó en una posición de defensa cerrada de la institución, dirigida a asegurar la impunidad de sus miembros. La disciplina militar fue llevada a extremos que no sólo significaron una grave infracción a las normas contenidas en el Derecho Internacional Humanitario, sino también, desobedeciendo la legalidad interna.
Fotografías cortesía del ejército de Guatemala
El Artículo 244 de la Constitución, introduce los argumentos para que la institución armada se desempeñe dentro de funciones para lo cual no se encuentra preparada, y no le corresponden. La Constitución legalizó y actualizó el proyecto contrainsurgente y como tal, el ejército puede cumplir funciones de “Seguridad Interna”, como durante la guerra cumplió funciones de “policía política”. Según el Artículo: “El ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”. No se sabe cuál es la más importante, pero su verdadera función sería garantizar la defensa del país. La única vez que Guatemala estuvo amenazada fue en 1954, con la invasión mercenaria de la CIA y la “liberación”, cuando el ejército no defendió esa soberanía, ni se subordinó al Gobierno legalmente electo, ni defendió la Constitución. En todo caso propició la invasión y se sumó a ella, destruyendo las conquistas de la revolución.
El hecho que las fuerzas armadas realicen funciones de seguridad interna, ha sido contraproducente porque inhibe el fortalecimiento de las instituciones especializadas de la sociedad en la seguridad interna, como la policía y la inteligencia. Estas deben cumplir con la misión de enfrentar amenazas internas y especialmente la delincuencia y el crimen organizado; las actividades ilícitas como la narcoactividad y sus variantes, la trata de personas, el tráfico de armas.
Dentro del ejército no se operaron los cambios que plantearon los Acuerdos de Paz. El proyecto Contrainsurgente, aunque no es legítimo, se planteó para una época de guerra, pero sigue vigente, consignado en la Constitución Política de la República. El ejército persiste en influir en las decisiones y funciones políticas del Estado, a pesar se declara apolítico y no deliberante.
