Entre 1983 y 1984 fueron capturados ilegalmente y desaparecidos 183 estudiantes, líderes sindicales, dirigentes populares y activistas sociales, todos ellos soñando con construir una patria diferente, donde hubiera menos injusticias y mayor democracia; los responsables de su captura fueron los que en ese momento se consideraban dueños de la vida y la libertad de la población, los que debieron haber protegido a la ciudadanía. Posiblemente las víctimas fueron llevados a cuarteles e instalaciones militares donde fueron cruelmente torturados por sus captores.

15 años más tarde o sea en 1999, apareció el denominado diario militar, en que se narra la forma en que fueron detenidas cada una de las víctimas, además se puede ver cómo algunos fueron ejecutados extrajudicialmente o durante la tortura pudieron haber perdido la vida. Luego de aparecido el documento hubo necesidad de esperar 22 años para que se produjeran las primeras capturas.

Entre los detenidos se encuentran especialistas y oficiales de alto rango dentro de la institución armada, entre ellos uno que fue premiado por las violaciones a los derechos humanos que cometió, dicho premio consistió en nombrarlo ministro de la Defensa en octubre de 1995 luego de la masacre de Xamán.

Marco Antonio Taracena, exministro de la Defensa Nacional, escucha en el Centro Médico Militar la imputación de la Fiscalía de Derechos Humanos del por la desaparición forzada de 126 personas en la década de 1980. Fotografía de Carlos Hernández Ovalle

Posiblemente fue nombrado para ese puesto, para que limpiara el crimen que se había cometido el 6 de octubre de ese año en esa comunidad al norte de la ciudad de Guatemala, en la que perdieron la vida y fueron gravemente heridos casi medio centenar de personas luego que una patrulla del ejército abriera fuego en su contra.

Hoy estos militares gozan de todos lo beneficios que les brinda la ley procesal penal, pueden interponer la cantidad de recursos que deseen, además cuentan con el derecho de  argumentar que debido a su edad necesitan estar hospitalizados. El juez que lleva el caso, cumpliendo con lo establecido en la ley nacional y la legislación internacional en materia de derechos humanos ha accedido a todo lo solicitado y las audiencias se realizan en las instalaciones del hospital militar en la zona 16 de la ciudad de Guatemala.

Suena hasta irónico, que violadores de los derechos humanos ahora argumenten a su favor las garantías jurídicas de derechos humanos contenidas en legislación nacional e internacional, leyes que fueron rechazadas y vilipendiadas por estas personas, argumentando que se trataba de injerencia extranjera, que era una forma de violar la soberanía, ahora les es útil para evitar estar en una prisión.

183 familias siguen con expectativa este proceso, confiando en que se alcance la justicia, aunque sea tarde, pero es importante que llegue.