SIN TAPUJOS
“El poder de los hombres malos reside en la cobardía de los buenos”.
San Juan Bosco
No se necesita de mucho para interpretar el artículo 35 de nuestra Constitución Política, pues su redacción es muy clara, como para que vengan dos malintencionados a pretender darle otra definición.
Dicho artículo dice: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones.
No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
Fotografía de Nelton Rivera
A ningún ciudadano se le puede limitar su libertad de expresión y de pensamiento. En todo momento somos libres de expresar cualquier denuncia, criticar las acciones de los funcionarios o empleados públicos, y si no les parece, renuncien a sus cargos, pues recuerden que son nuestros empleados, porque de los impuestos que pagamos sale el oneroso salario que reciben mensualmente, y en cualquier momento los podemos mandar al carajo si no están cumpliendo con su obligación de trabajar para nosotros. Desde el presidente de la República hasta el de menor jerarquía se deben al pueblo, y no al revés.
Lo que sucede es que nos encontramos ante una autocracia enmascarada, en donde el gobernante a través de actitudes duras con exigencias y reprimendas hacia los demás funcionarios públicos (léase desde los presidentes de los organismos legislativo y judicial para abajo) ha cooptado las instituciones y gira sus órdenes para que hagan su santa voluntad. Aunque es una forma muy distinta a la que aplican los dictadores de Nicaragua y Venezuela, pero a la larga, son lo mismo, con diferente táctica de tener el control absoluto del poder.
En Guatemala nunca hemos tenido una república democrática, y mucho menos Estado de Derecho, porque siempre ha habido injerencia en mayor o menor grado de los gobernantes sobre los otros poderes del Estado.
Una república es una forma de gobierno y organización del Estado, en la que el poder público es ejercido por representantes del pueblo, sujetados a un cuerpo de leyes fundamentales establecidas para todos (o sea, una Constitución), y en el marco de una separación de los poderes públicos. Lo que se entiende por república generalmente se refiere al imperio de la ley y la separación de los poderes públicos. En ese sentido, la existencia de la república es contraria al acaparamiento del poder político por parte de una sola figura, como ocurre en las autocracias.
Un gobierno democrático es un modelo de administración del Estado que cumple con los requisitos mínimos para ser considerado democracia. Es decir, cuando el poder político es administrado con base en el principio de la soberanía de los pueblos.
En un gobierno democrático, el pueblo decide cómo quiere ser gobernado, dentro de un marco mínimo de garantías que aseguran la libertad, la igualdad y la justicia.
En un Estado de Derecho, representa que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que se aplica con igualdad de criterios sin discriminar de ninguna manera entre los ciudadanos, siempre guiándose por el contenido expresado en la Constitución y en las leyes de cada país.
En un Estado de Derecho hay independencia de poderes. No puede haber una democracia sin poderes públicos independientes que se vigilen entre sí y permitan que el debate político se dé de una manera organizada y saludable, sin que ninguna autoridad estatal se imponga sobre las demás y disponga del Estado a su antojo, como ocurre en las tiranías. Estime usted estimado lector, si vivimos en una república democrática y donde prevalece el Estado de Derecho.
Lo que hemos visto con la actitud asumida por la fiscal del Ministerio Público, Cinthya Monterroso y del juez Jimi Bremer, es un simple sometimiento a los caprichos de sus superiores, dejando por atrás el imperio de la ley y pasándose por el arco del triunfo la Constitución Política y demás leyes, abusando de su poder y retorciendo las leyes para favorecer a altos funcionarios públicos.
El artículo 35 de la Carta Magna es super claro, no necesita mayor explicación para entenderlo, y no vamos a permitir que se criminalice el trabajo periodístico y la expresión y pensamiento de todos los ciudadanos, como tampoco que se violen los preceptos constitucionales por simples pretensiones superiores.
Exijo el respeto a nuestra Constitución Política y a la Ley constitucional de Libre Emisión del Pensamiento.
¡NO NOS VAN A CALLAR!
