Ayer en medio de una maratónica jornada se aprobó con 137 votos a favor, uno en contra y 22 ausentes, la Ley de Emergencia para la Atención del Covid-19 que estará vigente hasta el 31 de diciembre del presente año y autoriza una ampliación presupuestaria al ministerio de Salud de 1.8 millardos.

A principios de la semana pasada la instancia de jefes de bloque discutió la ley durante 3 días e incluso había establecido una serie de acuerdos que se rompieron durante una acalorada discusión entre los parlamentarios que le metieron a la propuesta original 21 enmiendas.

La discusión parecía empantanarse en tres temas que subieron de tono el altercado legislativo y dificultaron que los padres de la patria terminaran de ponerse de acuerdo: la utilización por parte de la sociedad civil de las instalaciones del hospital militar, establecer si se les daba o no un bono a los estudiantes de medicina que realizan su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) y abrir el mercado y evitar el monopolio en la venta de medicamentos (Tocilizumab y Rendesivir).

Al final, la propuesta que popularizó la semana la legisladora Andrea Villagrán y puso en discusión ayer Lesly Valenzuela (UNE) de usar el recurso médico militar para atender a pacientes con Covid-19 no obtuvo el apoyo necesario y se engavetó (Vamos, Viva, Todos, FCN-Nación entre otras bancadas no apoyaron la propuestas), sin embargo, los estudiantes de medicina y el personal médico sí recibirán un bono.

 

FONDOS QUE SE DEBEN AUDITAR

La ciudadanía guatemalteca deberá estar ojo al Cristo para auditar la ejecución de dichos fondos ya que el ministerio de Salud está obligado a rendir cuentas a través del portal Guatecompras, además de que tendrá que entregar informes periódicamente al Congreso y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La única excepción temporal de la nueva Ley de Emergencia para Atender covid-19 tiene que ver con la contratación de personal médico, la cual permanecerá abierta hasta finales de marzo del 2022