El Congreso de la República, está legislando y des legislando, para legalizar el Pacto de Corruptos y destruir la poca democracia alcanzada. En ese poder del Estado, teóricamente estarían representados todos los sectores sociales, por lo que tendrían la posibilidad de participar en el juego democrático. Cada bancada debería abogar por las necesidades generales de la sociedad, o de los sectores sociales, que representan y para los que fueron electos. Debería ser prioridad la inversión social física y los déficits existentes en políticas públicas, como salud, educación, seguridad, infraestructura transportes, agua, medio ambiente, una política migratoria y la producción de alimentos, cuyo rubro está relegado a un último plano, pero se manifiesta en la desnutrición y la creciente hambruna.

Fotografía de Danilo de Jesús Ramírez

En otros congresos se observan debates, con resultados positivos que se obtienen en beneficio de los sectores que lo diputados representan, en sus comunidades y sus organizaciones sociales, en el plano económico, político y social. En Guatemala no existen representantes de los grupos populares, o de las minorías étnicas que en el país son las mayorías, de la diversidad, de los campesinos, de los migrantes y demás sectores sociales. En este caso las mafias, la cooptación por el Crimen Organizado y los narco partidos, están destruyendo la democracia desde adentro, con la complacencia del Ejecutivo y del Poder Judicial, eso es impunidad.

Desgraciadamente en Guatemala todo se cocina de otra manera, y se legisla en favor de determinados grupos de poder, o de los dueños de los partidos políticos. El oficialismo con sus aliados o el Pacto de Corruptos, están imponiendo sus políticas para lograr cubrir el ejercicio fiscal 2023, que se caracteriza, por ser año electoral.

Se mantienen los criterios de la “liberación”, vigentes desde 1954, con posiciones retrógradas, ultra conservadoras, de ultra derecha, militaristas y fanáticas. Al tratar de legislar en favor de los obreros y trabajadores del campo se considera “comunismo”, o legislar en favor de las clases medias es considerado “populismo” y cualquier propuesta en favor de los sectores populares o minorías, es considerado “sesgo político e ideológico”. La lucha por los Derechos Humanos es considerado intromisión en los asuntos internos del país. En este país las necesidades de la mayoría no cuentan frente a unas pocas élites millonarias dueñas del país.

En todo caso las propuestas o proyectos de ley, están encaminados a consolidar el poder de los grupos económicos, de los grupos políticos y militares, con medidas que tienen como propósito, fortalecer sus instrumentos de represión y de enriquecimiento, como sus fuerzas de seguridad y del Ejército y la elaboración de leyes casuísticas. Se pretende legalizar el uso de la fuerza letal para disolver cualquier manifestación considerada amenaza al orden público, liberando de toda responsabilidad al policía o soldado que cometa homicidio durante esa manifestación.

Fotografía de Esteban Biba

Eso es lo que siempre hicieron las fuerzas de seguridad durante las dictaduras y la guerra, pero ahora se legalizará como parte del proyecto de oficializar el autoritarismo. También se pretende aprobar leyes que legalicen la corrupción, impidiendo que la Contraloría General de Cuentas fiscalice las inversiones que se realicen en los ministerios, instituciones, alcaldías y demás gastos de la Liga de Corruptos, resguardados bajo el mando de la soberanía institucional y en la creación de nuevos millonarios en el país. Cualquier oposición, denuncia o resistencia del pueblo, ante semejantes abusos, será perseguida y criminalizada por medio de otra ley mordaza que se cocina en el legislativo.

Se pretende darle un Super Poder a un Ministerio mediocre, pero que concentrará las políticas y recursos de las instituciones destinadas a conservar el ambiente nacional. Detrás de ello se encuentra el despojo que se pretende realizar de cara a las elecciones, pero también de cara a los proyectos políticos de los nuevos gobiernos que tendrán la misma orientación política de la actual administración. Serán gobiernos Giammaitianos, sin Giammattei, es decir, autoritarismo puro y corrupto, pretendiendo cambiar la constitución para lograr su reelección.

En la elaboración del Presupuesto Nacional, cuyo proyecto presentado en el Congreso asciende al monto de Q112 mil 294.8 millones; Q8,302.3 más que el presupuesto de 2020, que fue de Q103, 992.5 millones. A pesar de no observar resultados positivos en beneficio de la sociedad, y aumentar los gastos de funcionamiento, ese monto no tiene justificación. Aunque en año electoral y con la liberación de restricciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP, lo cual constituye otro Proyecto de Ley de este gobierno, se dará luz verde a campañas millonarias y sin restricciones, sin contarle las costillas a los Secretarios Generales ni sus agrupaciones políticas. Así se estarán elaborando las medidas políticas para legalizar la dictadura y la corrupción.