El Congreso de la República, por medio de una circular, suspendió sus labores, derivado de los hechos violentos ocurridos en las manifestaciones llevadas a cabo el día 19 de octubre por los exmilitares y los daños ocasionados en las instalaciones del edificio del Congreso, parqueo y oficinas. Eso será necesario para que el Ministerio Público realice varias diligencias acompañado por el Organismo Legislativo. Esa situación indica, hasta dónde llegó la demanda de los exsoldados y las consecuencias políticas que originaron, paralizando momentáneamente uno de los tres poderes del Estado.

Luego de esos incidentes violentos en el Congreso, se puede contabilizar varias personas heridas, vehículos quemados, daños materiales a la propiedad pública. Además de utilizar la fuerza y establecer públicamente que no cederían en sus demandas, para que se les cumpla, sí o sí, los veteranos militares que protagonizaron esos disturbios lanzaron una advertencia a los diputados para que agilicen la aprobación de una ley de resarcimiento. Esta los debe beneficiar con Q120 cada uno, por los servicios prestados durante el Conflicto Armado Interno.  Indicaron también que las negociaciones pacíficas se terminaron, por lo que sus nuevas manifestaciones serán violentas no importando enfrentar a la fuerza pública.

Ello indica que, como fuerza entrenada para la guerra, la continuarán a 25 años de firmada la paz, sin importar enfrentar al propio Estado que los reclutó para defender sus intereses políticos. Un dirigente de los manifestantes lo indicaba: “Aquí hay kaibiles, hombres completamente entrenados, soldados de montaña completamente entrenados para sobrepasar a los antimotines, están completamente entrenados para morir”, lo que se puede entender que tomarán acciones más violentas, en las próximas demostraciones de fuerza que están planificadas para la semana entrante. Plantea el dirigente de los ex militares que los incidentes del martes 19 de octubre, en el Congreso fue “solo una lección”, lo cual se puede interpretar que serán capaces de más violencia, que impondrán por la fuerza sus peticiones a los diputados que no han aprobado su ley. Se puede interpretar que pasarán por encima de cualquiera que se oponga a sus exigencias, razón por las que han sacado las uñas. Se debe entender que el soldado está entrenado para la guerra, para matar, y cualquier acción en defensa de los Derechos Humanos, es considerada debilidad de los “pachucos”, refiriéndose a la población civil.

Fotografía de Moisés Castillo

Plantean entonces que enfrentarán a la fuerza pública constituida por la Policía Nacional Civil, y otros elementos de seguridad que los ministerios de Gobernación y Defensa les presenten, los cuáles serán sus enemigos inmediatos, sin importar que iniciarán enfrentamientos contra la propia sociedad y la patria que juraron defender. Llama la atención que ni el CACIF, ni la Defensa y demás empresarios, que son los que deberían de resarcir a sus soldados porque pelearon su guerra, no se han pronunciado contra esos desmanes y demostraciones de fuerza. Pero sí se pronuncian en defensa de la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho, cuando los trabajadores hacen sus manifestaciones y peticiones al gobierno. Entonces son calificados de delincuentes, terroristas, comunistas y otros calificativos tendientes a deslegitimar las demandas del pueblo.

Los ex militares que participaron durante la guerra, se han convertido cada cuatro años en una fuerza electoral, que, por su cantidad, bien puede aportar un alto porcentaje de votos, al candidato militarista que los ha utilizado como escalera para la llegada a la presidencia. Esto es así desde que los últimos presidentes, les ofrecieran demagógicamente, un resarcimiento por sus “servicios prestados”. Alejandro Giammattei no fue la excepción, porque cuando estaba en plena contienda electoral en 2019, les prometió a los exsoldados una compensación económica. Amenazó que, si el Congreso de la República no aprobaba la iniciativa de ley para resarcirlos, él personalmente la aprobaría. De esa manera exacerbó los ánimos de la soldadesca, dándoles falsas esperanzas, que ahora no está en la disposición de cumplir, ni reconoce los compromisos a los que se metió con los ex militares.

Desafortunadamente, grandes sectores de la sociedad, no están de acuerdo en resarcir a los exsoldados, porque independientemente como fueron reclutados a la fuerza, lo cual traslada la imagen de víctimas, fueron el instrumento con el que el Estado cometió Crímenes de Lesa Humanidad, impulsó el Genocidio, con un saldo de 250 mil muertos, 45 mil desparecidos, que, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas, el 90% fueron cometidas por el ejército.

Fotografía de Danilo Ramírez