Fotografía de Esteban Biba

SIN TAPUJOS

Recibí varios cometarios interesantes relacionados a mi artículo anterior, cuando discutí sobre si existe o no Estado de Derecho en nuestro país. La mayoría coincidía en afirmar que en Guatemala eso no existe. Me parece importante resaltar ese entendimiento que existe entre los ciudadanos.

En un Estado de Derecho, no debe existir la discriminación entre sus ciudadanos y no debe haber privilegios para nadie. A continuación, presentaré algunos ejemplos donde se observan dichos privilegios, pero nadie hace ni dice nada.

Se han planteado en contra del diputado Aldo Dávila cuatro requerimientos para quitarle la inmunidad, a tres de ellos se les ha dado trámite. Muy por el contrario, salió a luz el caso de corrupción en el Insivumeh, que desde hace mucho fue denunciado por elPeriódico y también en por el programa Con Criterio. Tuvieron que pasar varios meses tras esas denuncias para que el Ministerio Público (MP) diera a conocer oficialmente que había un oscuro caso donde algunas bazofias humanas habían hecho mano de mono por más de Q30 millones. En el mismo se sindica a los diputados Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana, y Josué Edmundo Lemus, del partido oficial, este último en el momento del fraude era ministro de Comunicaciones y aprobó las compras del Insivumeh. Pero ¿qué pasa con ellos? Un MP cooptado Giammattei y el Pacto de Corruptos, difícilmente va a solicitar el retiro de la inmunidad de estos dos ladrones de cuello blanco, porque Consuelo Porras tiene mucho miedo que a su amigo el doctor Timo Chenko se salga de sus casillas, y mejor no hace ni siquiera el intento para solicitar dichos retiros de inmunidad.

Otro caso que ha causado mucho revuelo y ha sido ampliamente difundido en las redes sociales, es sobre el contrato que la Municipalidad de Guatemala paga a Carlos Enrique José Asturias Barnoya, primo del gerente de Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA), Francisco Barnoya Asturias. Asturias Barnoya tiene un contrato por servicios técnicos de verificación para supervisar fugas y cloración de agua desde enero del 2019 con la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), por los que cobra Q450 mil mensuales. Lo peculiar del caso está en que cuando el gerente de EMETRA fue citado al Congreso por el diputado Cristian Álvarez, y este le preguntó si había algún parentesco con Asturias Barnoya, el gerente cínicamente contestó “puede ser un hijo de una mi tía, pero no sé”. Hasta dónde llega el descaro de estos sinvergüenzas, que creen babosearse a medio mundo, pues cómo no va a saber que es su primo.

También vimos en las noticias al alcalde de San Antonio Ilotenengo, Quiché, Domingo Ajeataz, en completo estado de embriaguez soltando ante el micrófono palabras altisonantes e insolentes en contra de los marimberos que se encontraban en su momento de descanso, se atrevió a decir prepotentemente: “Yo soy el alcalde y estoy mandando a la Policía Nacional Civil y Policía Municipal para que agarren a esos hijos de la P… que si no tocan los vamos a echar a la m….

Ningún funcionario tiene derecho a referirse así contra ninguna persona. No debemos permitir esas ínfulas de grandeza, porque los cargos públicos son para servir a la población y no servirse de ella, además los puestos públicos son transitorios, y tienen que ser respetuosos de los derechos humanos.

Otro caso de privilegios se da en el Congreso de la República, los diputados de la Comisión de Finanzas, metieron a alrededor de 16 organizaciones no gubernamentales (ONG’S) que no estaban incluidas en el Proyecto de Presupuesto del 2022 enviado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Son Q31 millones asignados a las ONG’S favoritas de los diputados oficialistas y algunos políticos, entre ellas están Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente, que tiene asignados Q1.5 millones en el Ministerio de Educación, su representante legal es César Augusto Paiz, vinculado con el Partido de Avanzada Nacional (PAN), donde Manuel Conde Orellana es su secretario general, y su hermano fue postulado para diputado por el partido oficial. Fundación Nacional para el Desarrollo Social, tiene asignados Q5 millones en el Ministerio de Ambiente, y su representante legal es Ronald Antonio Recinos Portillo vinculado al narcopartido Unión del Cambio Nacional (UCN), y en la Comisión de Finanzas se encuentra el diputado por la UCN Jaime Lucero. La Fundación CONGUATE, tiene asignados Q7 millones en el Ministerio de Educación, fue fundada por un amigo muy cercano de Giammattei, el diputado Carlos Alberto Calderón, y otras más asociaciones que van recibir asignaciones privilegiadamente, cuando hay otras asociaciones que no son de cartón, sí llenan su cometido y que no serán tomadas en cuenta, porque a los señores de la Comisión de Finanzas no les interesan.

Con todo lo anterior relacionado vuelvo a hacer el cuestionamiento ¿Habrá Estado de Derecho con todas estas arbitrariedades descaradas que se han realizado y en la actualidad se están dando en mayor proporción?