El gobierno de Guatemala pretende mostrar una imagen democrática ante la sociedad y la comunidad internacional, adornando su autoritarismo y corrupción. La lista Engel y las críticas internacionales, han demostrado con información fidedigna y estadísticas, el grado de captura del Estado por parte de las mafias y del Crimen Organizado, lo cual es de dominio público.

El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, se estrenó como canciller, contradiciendo el informe de  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre Guatemala, contenido en su último informe anual, preocupada por el retroceso que se produce en el país en materia de impunidad. Búcaro, con desplante de prepotencia, contraataca el informe, indicando: “Ese informe no corresponde a la realidad de mi país”.

También destacó el compromiso que tiene el gobierno, ante los organismos internacionales, en la supuesta  lucha contra las amenazas como la inseguridad, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que considera, están íntimamente ligados al combate contra la corrupción y la impunidad, acotando que son “flagelos que atentan contra la democracia”. Estos flagelos se encuentran dentro del actual gobierno, y se reflejan en las violaciones a la libre expresión, que es parte de los Derechos Humanos, y la forma casi dictatorial como se gobierna el país. Habrá que indicar que un Estado fuerte y democrático es aquel que no se sirve de la violencia para gobernar.

El informe que será publicado en mayo, es una evaluación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, en el cual describe la situación de los Derechos Humanos y las actividades en Guatemala, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Se destacan los avances logrados y se presta especial atención a los temas relacionados con la igualdad y la no discriminación, el desarrollo humano sostenible e inclusivo, la justicia, el espacio democrático y el impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos humanos.

Mario Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, los acontecimientos negativos en materia de asistencia social, llegaran a complementar el informe, indicando que en el país, se han vencido 2.9 millones de vacunas Sputnik por un valor de Q222.7 millones, y en los primero días del mes finalizará la vida útil de 1 millón 900 mil unidades de la vacuna Moderna. Estas fueron compradas con los impuestos del pueblo, pero reflejan también improvisación y la mala administración de los recursos públicos del actual gobierno.

El gobierno de Guatemala y todas sus instituciones, incluyendo el Ministerio Público, asumieron el compromiso ante los organismos internacionales, de luchar contra la corrupción y la impunidad. La Fiscal General, Consuelo Porras está incluida en la Lista Engel, elaborada en Estados Unidos, en la cual se agrupan los corruptos del país, y las críticas a su gestión son conocidas de sobra a nivel internacional. Sin embargo, la jefa del MP, considera que al frente de dicha institución que se encarga de la persecución penal, logró hacer, según ella, un MP fortalecido y cercano a la población más necesitada, con respecto a los principios que fundan el derecho en Guatemala.

Una de las grandes preocupaciones incluidas en el informe es el retroceso que se observa sobre la impunidad en el país, donde se destacan los casos de criminalización y persecución contra jueces y ex fiscales independientes. Se teme que la independencia judicial esté en juego, pues en los últimos días, varios operadores de justicia que ventilaron casos emblemáticos, fueron encarcelados en procesos bajo reserva.

Pero el gobierno empezó el año, utilizando los Q12 mil millones que no se ejecutaron el año pasado. Ello significa que el presupuesto del año 2022, tuvo ya varias ampliaciones, algunas logradas por el Congreso de la Republica. Si no se justifican los gastos, ellos se los inventan. El gobierno presume de haber hecho crecer la economía en un 7.5% en 2021 y estima que este año el crecimiento llegará al 8%. Indica que esto se ha logrado gracias a las alianzas público-privadas, dentro de las cuales se destaca la inversión extranjera o el apoyo que se ha brindado a las pequeñas y medianas empresas.

Giammattei debería reconocer que esa estabilidad se debe en parte a los US$15,000 millones que envían los migrantes con sus remesas que sostienen en parte la economía nacional y  este año se estima que la cifra llegará a US$16,000 millones de Dólares. El aporte al PIB supera ahora, lo aportado por la industria y es comparable con el presupuesto nacional. Lo que no puede o no quiere reconocer el gobierno es que es el peor calificado en América Latina y que su administración fracasó, que la justicia lo perseguirá y lo alcanzará una vez deje la presidencia, aún con los mil esfuerzos que haga el MP por esconder o escamotear sus delitos.

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