Para nadie es un secreto que el próximo proceso electoral será un momento crucial para la autoridad electoral, por lo que se esperaría que no se pusiera en tela de juicio la independencia, imparcialidad y probidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ahora que se inicia el proceso electoral, con muchas ilegalidades y sin reformas a la ley electoral es pertinente preguntarse ¿Para qué sirve la autoridad electoral?

Fotografía de Cristina Chiquín

La garantía de ser uno de los pesos y contrapesos de nuestra supuesta democracia está totalmente en duda, no digamos de que sea el garante de unas elecciones transparentes. Uno de los objetivos de la creación de este tribunal fue que alguien totalmente independiente sirviera para organizar un proceso eleccionario y que este fuera transparente. ¿Es este el caso?

El otro objetivo fue facilitar a los partidos políticos su participación para fortalecer la democracia, sin embargo, vemos que existen 2 formas de medir a los participantes: A los amigos, la permisibilidad que vemos en las campañas anticipadas de las 2 señoras que, abiertamente, están en plena campaña electoral ilegal gastando millones en procesos “de afiliación”. Por el otro lado, la reprimenda a los posibles candidatos mediante sendas cartas de “prevención” por estar promoviendo su imagen…

Las razones mencionadas son suficientes para plantear de urgencia una reforma, no solo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), sino al propio tribunal electoral, reforma que deberá incluir la creación de un instituto electoral en sustitución total al TSE. Es además indispensable separar las funciones jurisdiccionales de las electorales. No se puede ser juez y parte y encima que se dude de la imparcialidad y capacidad para efectuar su trabajo.

Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, 2 magistrados electorales acreditaron ante la comisión de postulación que finalmente los escogió certificaciones de títulos universitarios a nivel de doctorado y maestría de una universidad privada, firmados por el decano de la facultad de Derecho de dicha universidad. Dicha universidad al conocerse el hecho, desmintió las certificaciones y anunció que los hoy en entredicho magistrados no ostentan los títulos acreditados ante la comisión de postulación correspondiente.

Por lo tanto, la única conclusión es que se hizo incurrir en error a la referida comisión en el proceso de evaluación de la capacidad, idoneidad y honradez de los postulantes y que finalmente fueron incorporados a la lista de 20 candidatos que fue enviada al Congreso de la Republica, donde finalmente fueron electos. Sin embargo, ante esta situación ¿Dónde queda la honradez si los títulos acreditados no existen? ¿Dónde queda la idoneidad si en realidad no ostentan las calidades de doctor y magister?

Fotografía de Cristina Chiquín

Y luego el hecho de que el decano de dicha facultad de la universidad privada en cuestión quedó desvinculado ¿renuncia o destitución?  de dicha universidad y que el Ministerio Publico (MP) inició una investigación penal de oficio de los hechos relacionados, por lo que se pidió en antejuicio de dichos magistrados para despojarlos de su inmunidad y ser investigados y con total sorpresa ¿o no? La Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó la solicitud y mantuvo la inmunidad a los cuestionados magistrados.

Esta cadena de lamentables acontecimientos lo único que ha hecho es lanzar una larga sombra sobre la verdadera intención del tribunal electoral, dirigido por personas que son capaces de mentir con relación a sus títulos académicos. Si pudieron mentir con respecto a esto ¿Cómo sabemos que dicen la verdad con respecto a cualquier otra cosa?

Es doloroso ver el estado de deterioro de nuestra cada día mas alicaída democracia, donde es suficiente abrir un expediente para limitar la participación de candidatos incómodos y el creciente ritmo de obstáculos para la verdadera participación política. No se puede entrar a la política sin millones en la bolsa y la verdadera pregunta es ¿De dónde vienen todos esos millones?

La respuesta es muy simple, el sistema ya se autoalimenta de la corrupción y el crimen organizado. Es muy rentable lograr control del sistema político para beneficiarse con los negocios del Estado, los cuales quedan en total impunidad cuando las cortes, que no se renuevan, son parte de la clica, impidiendo la investigación de cualquier hecho que comprometa a los “dirigentes” nacionales.

¿Tendremos elecciones?, ¿Serán libres?

Magistrados, ¡Renuncien!, NO QUEREMOS FRAUDE.