Para la próxima contienda electoral 2023, de momento se encuentran inscritos 28 partidos y 26 candidatos en el Registro de Ciudadanos, que aspiran llegar a la presidencia. Aun no se cierra la convocatoria y otros candidatos harán lo mismo, lo que indica que se podrían inscribir más de 30. Tal situación diluye la posibilidad para que el elector conozca al candidato en sus capacidades, trayectoria, experiencia, ideología política, y posibilidades reales de gobernar, lo que le puede ocasionar que llegue a confundir sus preferencias políticas.

Con dos candidatos muchas veces al elector le cuesta definir su intención de voto, y mucho menos, definir una opción que encabece un gobierno democrático. El problema se multiplica porque cada partido, convertido en empresa electorera, vende en alto precio cada candidatura e inscribe una buena cantidad de candidatos a las diputaciones, alcaldías y el Parlamento Centroamericano (Parlacen). En las próximas elecciones, el azar se manifestará en la intención subjetiva del voto, minimizando el derecho del ciudadano al sufragio, vulgarizando el acto cívico y convirtiéndolo en una lotería electoral. La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) debería regular ese tipo de anomalías, pero este es un sistema que ha colapsado, donde no bastan las reformas, porque en tan poco tiempo fue corrompido.

Carlos Hernández Ovalle

La cantidad de posibilidades también provoca que, de los empadronados, en una décima o veintésima parte, voten por determinada opción. Ello plantea que el presidente es votado por una minoría, alcanzando una endeble base social, situación que lo lleva a gobernar para determinados grupos o minorías y no para el total de la ciudadanía.

Eso le sucedió a Giammattei, electo por tan solo el 24% de los empadronados. No logró el voto del 76% de los electores inscritos, lo cual demuestra cómo se puede diluir la intención del electorado y alcanzar solo una reducida legitimidad política, o lo que es lo mismo, lograr una victoria pírrica. El mandatario no logró la preferencia de las mayorías, y el voto se concentró en determinados grupos o área geográfica como la capital. A ello se debe que, no teniendo el respaldo total de la ciudadanía, haya buscado el apoyo de las fuerzas de seguridad y ejército para mantener el control político. Por ello es que la represión y el autoritarismo es la respuesta gubernamental, ante tanta inconformidad social provocada por un gobierno exclusivo, que gobierna para las clases dominantes.

Como se conoce hasta la saciedad, el actual gobierno, es solo el representante de los grupos de poder que han gobernado siempre. A estos sí les garantizó mantener sus negocios, su poder político, económico y militar, sin importarles el abandono y atraso en que se encuentra el país.  No se planteó garantizar cambios sustanciales, poco le importó las desigualdades sociales, la exclusión, la pobreza y pobreza extrema, la desnutrición y hambruna, la falta de salud, la educación, el medio ambiente, el poco desarrollo y desempleo. Ello les permitió a los grupos conservadores del poder económico aumentar sus riquezas. Eso sí, garantizó la continuidad del Pacto de Corruptos, eliminó de una vez la institucionalidad de la paz, y terminó de proponer leyes para criminalizar las demandas sociales, y como toda dictadura, pretende poner una mordaza y castigos a quien se atreva a protestar. Es un gobierno como los últimos tres al hilo, que deja un legado sin pena ni gloria, con un retroceso político, económico y social.

Toda esa actuación política, ha tenido como consecuencia, diluir la poca democracia alcanzada en el proceso de paz y en sus alcances, queda relegada o limitada a un mero acto electoral, tomando en cuenta que ésta representa mucho más que eso. Las elecciones dentro del sistema político que vive Guatemala, forman parte de su democracia, pero las reglas electorales no necesariamente indican la existencia de una democracia, que, por tanto, va mucho más allá del ejercicio electoral.

Carlos Hernández Ovalle

Muchas de las dictaduras vividas en el país, dieron inicio con las elecciones y la democracia estuvo ausente de sus agendas de gobierno. Es una forma de limitar el fomento del desarrollo económico, el Estado de Derecho, la justicia social, la protección de los derechos humanos, la buena gestión pública, y la promoción del proceso democrático. No se han propuesto superar las desigualdades, la exclusión, alcanzar un gobierno para las mayorías, logrando el bienestar y el bien común. Se esperaría que, en el próximo proceso o lotería electoral, no todo resulte en que a un mediocre corrupto, narco o mafioso le llegue su turno y: “fue buena y se la ha llevado”, que en el continuismo del Pacto de Corruptos que se pretende consolidar: “que corra y va de nuevo”.