El gobierno de Guatemala desde el año pasado, obtuvo del Congreso de la República, recursos por aproximadamente Q25 millardos, para invertir y hacer frente a los efectos del covid-19, pero estos recursos han sido administrados de manera deficiente. Según se conoce, hasta el 30 de junio, el Ministerio de Salud, solo ha ejecutado el 8% de los fondos, mientras que el Bono Familiar establecido para favorecer a las familias de escasos recursos, por las anomalías en su manejo, solo tuvo una ejecución del 27%.

La vacunación de la población es muy lenta, su cobertura no llega a los lugares más apartados del país y no se cuenta con un verdadero “plan de vacunación”. Se manifiestan acciones espontáneas y esta situación tan deplorable solo la salvan los trabajadores de la salud, que, con su abnegada labor, atienden a los ciudadanos, pese a las posibilidades de contagio y no contar con el equipo necesario ni adecuado en la protección de los médicos, especialistas y personal de enfermería.

No se puede decir entonces que el problema consiste en la falta de recursos, estos han estado en manos del gobierno, para enfrentar la pandemia, es un problema de deficiente gestión y de no contar con las políticas necesarias, ni la capacidad para hacer frente a este tipo de crisis. El otro problema es la falta de hospitales y centros de salud en los departamentos, para atender a los pacientes, a lo que se agrega la falta de insumos y equipo para atender todos los casos de gente infectada por el virus. En ese rubro, se han descubierto grandes negocios y malversación, en la compra de botellas de oxígeno, con la compra de mascarillas sobrevaluadas y batas no adecuadas a la amenaza. A ello se agregan la compra de medicamentos   para enfrentar los efectos secundarios de la pandemia, aspectos que no benefician a la población, pero sí a los funcionarios del ministerio de Salud que siguen lucrando con la salud y el bienestar de la población.

Amelia Flores, ministra de Salud. Fotografía de Simone Dalmasso

Solo por mencionar un ejemplo de lo que sucede en los pocos centros de asistencia, en el Hospital de Villa Nueva, los médicos revelaron por medio de una carta, que ya no tienen capacidad para seguir atendiendo a más pacientes, para cubrir las emergencias y enfermos críticos, solo se cuenta con dos médicos generales, un cirujano, un internista y un intensivista. Consideran que se debe brindar una mejor atención a los pacientes, redoblando esfuerzos, pero las limitaciones no permiten alcanzar esa meta. Indican que en las áreas para pacientes críticos se ha superado la capacidad, y siguen atendiendo a pacientes referidos del Hospital Temporal del Parque de la Industria y de los hospitales privados, que cobran altos precios sin contar con el equipo adecuado. Dada la saturación, hay pacientes ventilados en áreas que también sirven de pasillos.

La vacunación, se ha estado llevando a cabo con las donaciones que han proporcionado varios países, con diferente tipo de vacunas y con las pocas vacunas compradas. Aquí se han manifestado muchas anomalías, donde la cancillería no ha jugado su verdadero papel y no se han seguido las reglas del Comercio Internacional, aunque ahora sus acciones están encaminadas a salvar su responsabilidad.  Ello ha dejado al descubierto la malversación de los fondos asignados al gobierno, ubicando al país en los últimos lugares del mundo, en materia de vacunación. Al final se destaca la falta de una correcta administración de los recursos, la falta de políticas públicas de salud, y la poca voluntad política para asumir esa amenaza que está asesinando a diario a la sociedad guatemalteca.

Pero eso solo destaca la poca vocación de servicio del actual gobierno, como las fallas en todos los renglones de su administración. Algunas organizaciones denunciaron ante el Ministerio Público al presidente Alejandro Giammattei, por el delito de incumplimiento de deberes. Por no asumir su responsabilidad al frente del Estado, en el combate de la pandemia. El presidente planteó que la propagación del Covid-19, “es un problema de la gente”, con ello trasladó su responsabilidad a los ciudadanos. Pero según la Constitución, el Gobierno debe garantizar la salud, seguridad e integridad de los guatemaltecos, razón por la que el mandatario estaría violando la ley al omitir o reusar a cumplir su mandato.

Ante esa situación, se han estado sumando organizaciones, personalidades y el pueblo en general, para pedir la renuncia del mandatario, y se está convocando para empezar a manifestar en la Plaza de la Constitución. Su salida del Ejecutivo, se producirá hasta que el sector empresarial, el ejército y la “embajada”, lo decidan, hasta que ya no les sea de utilidad, y que ya no represente sus intereses, al perder toda legitimidad y credibilidad, esperando la sucesión de un nuevo líder. Pero no se trata de un líder o un buen gobernante, lo que ha colapsado es el propio sistema atrasado y conservador con el que se gobierna al país, un sistema que, por su naturaleza, genera su propia corrupción.