El uso de la fuerza pública para reprimir a la población, es una de las características de las dictaduras. En Guatemala, forma parte de la cultura heredada por las dictaduras civiles y militares, que sumieron al país en un régimen autoritario, y que, de nuevo, los últimos gobiernos pretenden implementar.

Fotografía de Simone Dalmasso

En el Congreso se presentó la iniciativa de ley 6076, para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, con lo cual se termina de militarizar el Estado, que las administraciones de Otro Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, han impulsado. Esto termina de echar por tierra el espíritu de los Acuerdos de Paz, los cuales fueron considerados por la comunidad internacional como un modelo de desarrollo para Guatemala, pero los empresarios los vieron como una amenaza para sus intereses económicos, por lo tanto, había que destruirlos. Giammattei eliminó las ultimas instituciones de la paz, con lo cual se termina la incipiente democracia alcanzada. Se pretende regresar a los días oscuros y de incertidumbre, impuestos por los gobiernos de la derecha neofascista, que llevaron a la sociedad a una época de terror y violación continuada de los derechos humanos. Época en la que se cometieron los más sádicos Crímenes de Lesa Humanidad contra la sociedad guatemalteca.

Se recordará que el 4 de octubre de 2012, pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán, bloquearon el kilómetro 170 de la Ruta Interamericana, a la altura de la Cumbre de Alaska, en protesta por la eliminación de la carrera del magisterio, las políticas autoritarias del gobierno de Otto Pérez Molina y las medidas represivas de los empresarios distribuidores de la energía eléctrica. En esa oportunidad, la manifestación pacífica, fue disuelta por los soldados utilizando armas de fuego, con el saldo de seis personas muertas y más de 30 heridos.

Los organismos internacionales condenaron la muerte de estos ciudadanos y exigieron el esclarecimiento de los hechos. Por estas acciones de represión gubernamental, se montó un circo, donde fue capturado el coronel Juan Chiroy como principal responsable de la masacre y ocho soldados que participaron accionando sus armas. A pesar de haberse celebrado un juicio a los militares acusados de ejecución extrajudicial, en grado de tentativa y lesiones, por la muerte de manifestantes, los militares fueron absueltos, al haberse cambiado los delitos por acusaciones menores.

Estos actos de represión no son los únicos, se recordará cómo se reprimieron las protestas frente al Congreso y también cómo fuerzas provocadoras del gobierno, realizaron actos de vandalismo y terrorismo para criminalizar y justificar la protesta popular. La sociedad tiene el derecho de demandar al Estado, el cumplimiento de las políticas públicas que lo beneficien. Estas demandas se hacen apegadas a Derecho, en manifestaciones y protestas pacíficas, como indica la Constitución. Se debe entender que atrás de estas formas de enfrentar las protestas sociales con represión, están los empresarios y terratenientes, que siempre y sistemáticamente se han opuesto a la protesta y manifestación social, haciendo creer que la defensa de sus intereses, es hacer prevalecer la ley.

Fotografía de Esteban Biba

De esa manera obligan al Estado ha criminalizar estos actos, pasando por encima de los derechos de la mayoría de la población, haciendo uso de las fuerzas de seguridad, ejército y policías, para reprimir a los manifestantes. Cuando las fuerzas de seguridad y represivas, se hacen presentes donde se realiza una protesta social, con el pretexto de guardar el orden público, en realidad es porque están juzgando de antemano a quienes manifiestan y como jueces, condenan y reprimen a los ciudadanos presentes.

La vigencia de la Ley de Orden Público, hecha durante el Conflicto Armado, que asume funciones autoritarias, y delega al Ejército su ejecución, es otro ejemplo del uso de la fuerza contra la población. Por esa razón, estos últimos gobiernos han recurrido a los Estados de Excepción, en los que se suspenden los derechos de ciudadanos. Es una ley que en el contexto político actual no tendría razón de existir, pero está vigente, aunque no es legítima. Guatemala ya no se debe seguir gobernando como una finca, donde los dueños y capataces, con látigo en mano, imponían su autoridad. Lo peor, donde sus legisladores y sistema de justicia, cumplen la voluntad de los dueños del país. Se debe terminar de salir del feudalismo, en una época donde el mundo, transita dentro de un nuevo orden internacional. Parece ser que la dictadura, es el modelo político que mejor conocen y que más les conviene.