Ayer el gobierno de los Estados Unidos incluyó a María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General del Ministerio Público (MP) en un listado de actores que promueven la corrupción en la región centroamericana, acusándola de obstaculizar investigaciones en contra de funcionarios señalados de distintos delitos. A Porras la acompaña en la infame lista el secretario general del MP, Ángel Pineda señalado de intervenir en investigaciones anticorrupción filtrando información a los acusados. Pineda y Porras no podrán visitar Estados Unidos por ser considerados actores corruptos y no democráticos.

La noticia le habrá caído como un auténtico cubetazo de agua fría a Porras, cuya reacción no se hizo esperar y rápidamente el MP publicó un comunicado donde “rechazan públicamente las acciones de EE. UU.” calificándolas de “falsas e infundadas”.

El comunicado del MP explica que las acusaciones del gobierno gringo tienen como base una supuesta información obtenida a través de medios de comunicación y personas que evaden a la justicia (refiriéndose al exfiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval), por lo que aducen que dichos señalamientos carecen de veracidad.

 

EL PLAN DE OBSTRUCCIÓN DE CONSUELO PORRAS

A la Fiscal General del Ministerio Público se le señala de orquestar un plan bien estructurado para obstruir determinadas investigaciones vinculadas a actos de corrupción a través de cambios en las jefaturas de aquellas fiscalías que resultaban incómodas. Porras también se encargó de acelerar investigaciones para perseguir a aquellos actores políticos que eran nocivos a sus intereses.

No son pocos los analistas que coinciden que el tiro de gracia del plan ejecutado por la jefa del MP se materializó el 23 de julio del presente año a través del despido del fiscal Sandoval. Sin embargo, antes, a través de directrices suyas fueron quitándole obstáculos a ciertos aliados para dejarles libre el camino, tal es el caso de la actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad Leyla Lemus, a quien se le benefició desde el MP frenando las investigaciones en su contra por una denuncia que tenía la exsecretaria de Giammattei.