El autoritarismo y la dictadura creada paso a paso por los últimos tres gobiernos, está siendo legalizada por proyectos de ley presentados en el Congreso. Esto con el propósito de tener las manos libres para aplicar la represión contra cualquier oposición política y social. Contra la libertad de expresión, para obstruir la justicia, entorpecer el camino a la democratización del país y jugar con su soberanía con políticas exteriores entreguistas. Sobre todo, tener la posibilidad de concentrar los recursos económicos que adquiere el Estado por medio de préstamos del sistema bancario internacional, aprobando decretos, impulsando alianzas con sectores obscuros para conseguir financiamiento, utilizando esos recursos sin ninguna fiscalización ni auditoría interna o externa. La razón: financiar la campaña electoral y las aventuras políticas de la alianza oficialista, que se quiere perpetuar por varios períodos en la presidencia.

Fotografía de Esteban Biba

 

Eso plantea regresar a la época oscura que vivió el país, cuando las dictaduras militares se erigieron en ley, y se cometieron los más horrendos Crímenes de Lesa Humanidad. Esa situación fue cuestionada y condenada por la comunidad internacional, las instituciones de los Derechos Humanos porque violaba el mismo Derecho Internacional, así como internamente daba libertad a la corrupción, la impunidad, el enriquecimiento ilícito de las cúpulas y élites políticas y militares.

De manera descarada, la alianza oficialista, pretende aprobar la iniciativa de ley 6120, a todas luces inconstitucional, porque pretende excluir a la Contraloría General de Cuentas (CGC) de su función de Auditor de la Nación y que no fiscalice el dinero público, correspondiente a los cinco programas de respuesta a la pandemia autorizados por el Congreso en 2020. El monto de estos recursos asciende a Q11 mil 430 millones 900 mil. Con este proyecto de ley, se busca evadir la fiscalización y ocultar el mal manejo de esos recursos. La propuesta tiene el nombre de “Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID”.

Fotografía de Esteban Biba

La oposición en el Congreso cuestiona el contenido de dicha Ley, porque se desconoce en qué se invirtió ese dinero y dudan del destino de los fondos que no se han ejecutado, indicando que serán utilizados de manera discrecional en época electoral. La entidad que supuestamente fiscalizará esos fondos será la Superintendencia de Bancos, SIB, que controla el gobierno por medio de sus agentes. De esa manera apelarán al “Secreto Bancario”, que ocultará el destino de las inversiones, cerrando de esa manera el círculo de la impunidad.

La otra iniciativa de ley es la 6054, con la cual se pretende que lleguen al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, MARM, los fondos que se han destinado a otras instituciones que hacen frente a los problemas ambientales.  Se plantea el cierre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, el Instituto Nacional de Bosques, INAB, la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado, OCRET, y las autoridades de las cuencas de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal, Petén Itzá y Rio Dulce. Se debe mencionar que este gobierno, se ha caracterizado por destruir la poca institucionalidad que existía para dar impulso a la paz. Destruir no cuesta nada, construir es labor de verdaderos estadistas, para alcanzar el beneficio de la sociedad. En este caso, se destruirán las instituciones enfrentan los problemas ambientales y la gestión de riesgo.

Con el cierre de estas instituciones, llegarán al MARM 900 millones en año electoral. Un ministerio que no ha funcionado bien para los fines que fue creado y que ha tenido mediocres resultados. De acuerdo a eso, no necesita esos recursos, pero constituye una reserva de dinero para el partido oficial en época electoral. Tampoco tendrá la capacidad de impulsar los múltiples proyectos que, desde luego, no serán ejecutados, en el entendido que tampoco serán fiscalizados. Todas estas maniobras políticas, se impulsan en el momento en que el Congreso discute el presupuesto para el año 2023, y el oficialismo arguye la forma de saquear los recursos del Estado, es decir, la forma de romper la piñata del presupuesto.

Ahora, la maquinaria electoral, se encuentra aceitada. La estrategia para cooptar los poderes del Estado está finalizada.  Las maniobras mafiosas e ilegales para financiar la alianza oficialista están montada, así como los candidatos que se sumarán a la continuidad autoritaria y dictatorial, se encuentran a la orden. También las propuestas para reformar la Ley Electoral y eliminar las sanciones del financiamiento ilícito, están presentes, de tal manera que el dinero de los narcos y mafias, sin límites, fluirá hacia los partidos políticos, reflejados en pautas, carteles, vallas, viáticos, movilización o acarreo, etc. De esa manera, el Crimen Organizado se consolidará, a la par de que se pretende perpetuar el autoritarismo y la dictadura. ¿Existirá conciencia ciudadana al respecto?