¿Por qué? Porque la FECI está haciendo su brete, en resumidas cuentas y los coches quieren postergar ese sábado que el resto de guatemaltecos anhelan.

Los abogánsters profesionales del Derecho, Otto Gómez y Leonel Enrique Castañeda Tejada, fueron a chillar a la Corte de Constitucionalidad (CC) una inconstitucionalidad en contra del Acuerdo 59-2019 de creación y furulación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) emitido por la anciana decrépita y mandamás del Ministerio Público, Consuelo Porras, alias Desconsuelito P.

Según este par de lacras abogados incorruptibles, la fiscalía no debe seguir talachando porque con la expulsión arbitraria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el convenio que se firmó quedó sin validez, y no se ha cumplido con fortalecer al Ministerio Público (MP).

“En virtud que dicho convenio quedó sin materia, toda vez que fue expulsada la Cicig y la declaratoria del non grato, ambas circunstancias no rigen en nuestro país y por lo tanto no tiene asidero legal la FECI”, afirmó Gómez.

Gómez fue abogado de la exdiputada y errática cantante Anabella de León —señalada en el caso “Botín en el Registro de la Propiedad”—, cuando le tocó interponer varios recursos en contra de la CICIG. También defendió al “presunto” asesino Haroldo Mendoza Matta, sindicado por nueve asesinatos y una desaparición forzada en Petén e Izabal, y de Marvin Montiel Marín, alias El Taquero.

Por su parte, Leonelcito Castañuelas Tejada es el abogato de Sandrita Torres, quien tiene un enhebramiento pendiente por una investigación de financiamiento marufioso del partido UNE.

Como todo guatemalteco de frente amplia sabe, los constantes ataques a los inquisidores antiimpunidad son obra de las mafias que imperan en la podredumbre del establishment que actúa en contubernio con el crimen organizado. La FECI tiene más de 200 investigaciones en curso, precisamente contra las manzanas podridas del país, llevando casos como “La Línea”, “Cooptación del Estado”, “Negociantes de la Salud”, “Comisiones Paralelas 2020”, “Lavado y Política”, “Red de Poder”, “Corrupción y Lavado de Dinero”, “Manipulación de Justicia”, “IGSS-Pisa”, “IGSS-Chiquimula”, “Traficantes de Influencias”. Al menos 83 personas fueron sentenciadas entre 2020-2021, por esos casos, y unos 150 criminales, más cabrones que bonitos, se volvieron humo…

La FECI fue creada hace 13 años por medio de un amarre entre el MP y la CICIG, pero ante el cierre de la CICIG, la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, garantizó su continuidad a partir del 4 de septiembre de 2019.

Varios versados en Derecho han explicado ya que en el momento en que Consuelo Porras modificó el acuerdo de la Feci, y elevó a esta entidad a la categoría de “fiscalía de sección”, incorporándose así al esquema organizacional del MP, no hay ninguna razón para que esta movida sea inconstitucional. El camote está en que la decisión la tiene la Corte de Constitucionalidad, y eso no augura nada bueno, a como está el equilibrio de poderes ahí.