¡DE USTED DEPENDE!

Es preocupante la actitud de nuestros gobernantes que no han entendido o no quieren entender el mecanismo de implementación del proceso de consulta previa libre e informada descrita en el convenio 169 de la OIT. Que luego de la consulta y dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República de Guatemala ratificó el 5 de junio de 1996.

Por momentos pareciera que en nuestro país se ratificó este convenio sin comprender en qué consiste o qué implicaciones tiene para el Estado guatemalteco, pero de lo que sí puedo estar seguro es que muchas instituciones pro-derechos de pueblos indígenas, analizaron el contenido y se han propuesto visibilizar las fallas del gobierno en su implementación. Para   los pueblos indígenas de Guatemala es sumamente importante abordar a fondo y con objetivos bien definidos la aplicación del Convenio 169. La primera fase de lucha por la ratificación ya es una realidad, cuando en junio de 1996, el Estado de Guatemala ratificó el Convenio ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La segunda fase consistía en la aplicación e implementación de los compromisos que contiene el referido Convenio, etapa que requiere indiscutiblemente una participación activa y propositiva por parte de las organizaciones de los pueblos indígenas. Estas propuestas requieren de dos condiciones fundamentales: la primera, relativa al diseño y ejecución de un programa de divulgación, información y consulta; la segunda, relacionada a la elaboración de propuestas consistentes y estratégicas para la viabilización legal, institucional y financiera del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

Fotografías de Carlos Alonzo

Para satisfacer ambos requerimientos, es lógico que se necesita un ente motor para que convoque y provoque la discusión, proponga programas y proyectos en el marco y de la aplicación del Convenio. Existen posibles explicaciones de fundamentación del por qué ningún gobierno ha hecho algo al respecto, sin embargo, el país está viéndose muy mal por dos razones fundamentales: Primero: La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la supremacía de las normas de los derechos humanos sobre la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, es un instrumento de derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. Segundo: El Convenio 169 al ser un instrumento de derechos humanos no admite condicionamientos o ratificación parcial o razonada, solo puede ser aceptado o rechazado en su totalidad.

La extracción minera en territorios ocupados por población indígena, será siempre un motivo de confrontación por el incumplimiento del convenio en mención, vendrá otro gobierno y terminará imponiendo estado de sitio para lograr un poco de orden, pero el problema seguirá dándose y la CC estará constantemente interviniendo en este asunto, hasta que el Estado entienda que debe implementar procesos de consulta previa e informada previo a las concesiones de exploración, y se debe realizar desde el marco del convenio ratificado.  Para estar a favor o en contra de las manifestaciones y bloqueos por la minería es fundamental estar informado, pero informarse ¡de usted depende!