Fotografía de Fernando Chuy 

Al hablar de nuestra historia sociopolítica, afirmamos que Guatemala atravesó 36 años entre dictaduras, golpes militares, conflicto armado interno, etcétera. En 1986 tuvimos la bendición de elegir a un gobernante desde las urnas mediante elecciones limpias.  A partir de ese año creímos en la democracia y el sistema republicano mediante la separación de poderes para que haya un sistema con pesos y contrapesos. Esto aparentemente duró 30 años, el fenómeno de la corrupción invadió por completo el sistema. El pueblo harto de los abusos de los gobernantes vio con asombro la renuncia del presidente y la vicepresidenta en el 2015. Uno de los logros de esa presión social fue el compromiso de los políticos por respetar el voto del electorado y la manifestación de dicho compromiso que se traducen en la sanción impuesta contra el transfuguismo y que se continuaría la revisión de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Ahora nuevamente estamos teniendo serios retrocesos que opacan aquellos pequeños logros, ¿hacia dónde nos quieren llevar? ¿acaso es esta una medición de fuerzas entre políticos y ciudadanía? ¿Cómo podemos interpretar el hecho de que ahora ya hay discusiones y propuestas de diputados para que nuevamente sea legalizado el transfuguismo? ¿Qué pasó con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que era la institución emblemática que podía garantizar la expresión de la democracia en Guatemala?

Si hablamos de más retrocesos, qué podemos decir sobre la decisión de la Corte de Constitucionalidad (incompleta) para permitir mayores poderes a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuyo período constitucional está vencido desde ya casi dos años.

Podemos hacer un listado grande de situaciones que se están dando, donde se está poniendo a prueba este sistema político y la paciencia ciudadana.  Los abusos de los gobernantes han presionado hasta el punto de las revueltas como el caso nicaragüense, donde la solución salió peor que el mal inicial. Me parece sínico que el presidente de la república emita opinión sobre la farsa electoral de Nicaragua si aquí tenemos una dictadura solapada. Nuestro presidente es un dictador por cuanto que tiene controlados al congreso, al Ministerio Público, y a las cortes de justicia.  Todos tienen un precio ya sean pagados con dinero o con favores como el caso del INSIVUMEH, pero al final de todo es corrupción o lapidación del erario público.

Para colmo de nuestros males la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como ente recaudador, considera que la carga tributaria es baja para lograr cubrir el presupuesto del año próximo, cada día se reduce la clase media y se amplía la brecha entre empobrecidos y los de la clase económica alta, con el agravante que un alto porcentaje de los nuevos ricos no son empresarios sino políticos y narcotraficantes, realmente tenemos un futuro incierto. El próximo año inicia el proceso electoral y de mantener el curso actual o forzar un cambio, ¡de usted depende!

Fotografía de Fernando Chuy