FOTOGRAFÍA DE JOSÉ OROZCO

 

  SIN TAPUJOS

 

Sinceramente es preocupante lo que está sucediendo en Guatemala, porque los tres poderes del Estado, con las demás instituciones como la Contraloría General de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación, pareciera que su objetivo es acabar con la república, con su incipiente democracia que son parte del sistema de Gobierno.

Cuando vemos detenidamente lo que sucedió la semana pasada, es suficiente para preguntarse ¿A qué están jugando? Porque no vemos que estén haciendo las cosas seriamente con responsabilidad y con un propósito por sacar adelante a Guatemala.

El martes 8 de marzo, en el Congreso de la República, los diputados aliados al oficialismo, los mismos que han hecho mancuerna con Alejandro Giammattei desde que inició su gestión en 2020, con los mismos que les dijo en campaña política que eran unos corruptos, que pertenecían al crimen organizado y al narcotráfico, que eran parte del Pacto de Corruptos, y que, de llegar a la presidencia, jamás gobernaría con ellos, pero ahora, son sus mejores adeptos.

La presidente del Organismo Legislativo (OL), Shirley Rivera, cree que el parlamento es una tribuna para pronunciar discursos con orientación religiosa de acuerdo a sus creencias, pues mejor se dedicara a llevar sus mensajes religiosos a través de su iglesia, pero no utilizar para esos fines, el parlamento.

Además, después que aprobaron el Decreto 18-2022 Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la presidente del OL, dijo “se dio un gran paso en defensa de la Nación y felicito a los compañeros aliados por aprobar valientemente esta ley”. Por su parte la diputada Patricia Sandoval, que se ha significado por ser defensora del actual régimen, manifestó que “Respetamos y amamos la familia, unión de un hombre y una mujer… pero familias diversas, yo quisiera saber a qué se refiere, yo no comprendo”. Según han manifestado algunas personas, esta señora acaba de contraer matrimonio por tercera vez, entonces a qué familia se referirá, por lo que el parlamentario del bloque Semilla, Samuel Pérez calificó como una de las “cosas más descaradas que hace la actual legislatura”. Me imagino que se refiere a varios legisladores que no tienen ni el mínimo concepto de lo que es la familia.

Shirley Joanna Rivera, presidente de la junta directiva del Congreso de la República. Fotografía de José Orozco

El miércoles 9 de marzo, día del cumpleaños de Giammattei, -al estilo del aniversario que celebraba el dictador Jorge Ubico, con su característico “besamanos”- en la Plaza de la Constitución y en el Patio de la Cultura en el Palacio Nacional, se efectuó un acto -que seguramente a los guatemaltecos nos costó un gran dineral- en el cual cambiaron de nombre al Patio de la Cultura y develaron el monumento “Guatemala Capital Provida de Iberoamérica”. Al mismo asistieron los más cercanos a Giammattei luciendo guayaberas blancas como la que llevaba Miguel Martínez, ex director del desaparecido Centro de Gobierno, con su nombre inscrito en la misma; además estuvieron presentes como invitados especiales, el cuestionado pastor de la Casa de Dios, Cash Luna, la Fiscal General, Consuelo Porras, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, el procurador general de la Nación y postulante a Fiscal General, Jorge Luis Donado, y la presidente del Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés. Como podemos observar, las personas más afines y allegadas al mandatario.

Para sorpresa de los diputados especialmente de la presidente, que votaron a favor de esa ley, Giammattei pidió en un mensaje al Congreso de la República que archiven el Decreto 18-2022, porque viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, y porque viola la Constitución. Sobre la misma hablaba maravillas y minimizaba las manifestaciones en contra de la aprobación del decreto, pero así es su forma de actuar, dice una cosa, al rato dice otra.

Alejandro Giammattei nos vuelve a mentir, pues aseveró que la juez Erika Aifán le entregó una certificación que lo desliga del caso de los Q122 millones, consultada la juez Aifán, dijo que no entregó ninguna certificación al gobernante, y que no puede pronunciarse al respecto porque ella lleva el caso.

De la Fiscal General, Consuelo Porras, qué más podemos decir, únicamente que descaradamente está al servicio y disposición de la corrupción e impunidad, no fue suficiente desbaratar la FECI, sino que recientemente la auxiliar de la Fiscalía contra la Corrupción que investiga el caso que vincula a Giammattei por la construcción de una carretera que presumiblemente lleva a una finca propiedad de su familia fue apartada del expediente, y también separada del proceso contra el diputado Jorge García Silva, su esposa e hijo por la sustracción de fondos del INSIVUMEH. A esta señora quien busca la reelección le resbala todo, recién el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, transmitió una declaración en la que manifiesta su preocupación por la detención de seis fiscales anticorrupción, y la señala de descarados ataques al sistema de justicia, y que sus acciones son preocupantes porque debilitan las instituciones y procesos democráticos en Guatemala.

¿A qué están jugando? Es la pregunta sin respuesta, pero vemos con preocupación a pasos agigantados, la destrucción del sistema republicano y democrático de Guatemala.