La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las salas de apelaciones están siendo ocupadas por magistrados y magistradas que fueron elegidos y elegidas en el años 2014, debieron haber entregado sus puestos en 2019, hoy llevan ya cuatro años de retraso.
La construcción de la democracia tiene como elemento fundamental el fortalecimiento institucional, especialmente de aquellos entes que son los encargados de garantizar que la justicia sea objetiva y ágil; entonces, esto implica que cualquier retraso o entorpecimiento debilita ese tránsito hacia una sociedad en que el Estado de Derecho sea el que prevalezca.
Independientemente de quien o que lo haya propiciado, en estos momentos el país se está enfrentando a un retraso de cuatro años en la elección de nuevos magistrados ante la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. Con ello el sistema nacional tiende a perder credibilidad e incluso desconfianza, pues sin entrar a cuestionar la idoneidad y capacidad de cada uno de los profesionales del Derecho que se encuentran ocupando los puestos de magistrados, se debe tener en cuenta que ya no debieran estar ahí desde septiembre de 2019 y que por lo mismo queda en duda la certeza jurídica del país.
No se trata de legalidad, pues es importante señalar que esta situación que se enfrenta en las altas cortes no depende de los magistrados y magistradas, quienes no pueden dejar vacía la silla que ocupan, por lo que deben continuar ocupando esos puestos. Pero por otro lado, sí se trata de fallas que existen en el sistema de selección y nombramiento de quienes ocuparan los puestos en las máximas magistraturas del país.
En el país se deben tomar en cuenta los cambios necesarios, para evitar que en el futuro se siga produciendo este fenómeno, que hoy nos tiene con magistrados que debieron haber entregado sus puestos hace cuatro años y que en el futuro esta situación podría provocar que los periodos de otros funcionarios se prolonguen en el tiempo.
En lugar de buscar responsabilidades por el retraso, pensando hacia el futuro deben establecerse mecanismos ágiles, pre-preparatorios al funcionamiento de la Comisión de Postulación, de esa manera no se volverá a producir ningún retraso.