Fotografía de José Orozco

Desde la toma de posesión, el presidente Giammattei debió enfrentar varios retos estratégicos: recomponer las deterioradas relaciones internacionales, reactivar la maltrecha economía, no solo con inversiones extranjeras, sino desarrollando una mejor producción nacional para superar el arcaico modelo de producción agrícola, donde los sectores empobrecidos puedan recurrir a tierras, insumos, créditos y mercados y superar los problemas estructurales que padece el país. También ganar el apoyo rural, tomando en cuenta que ganó por el voto urbano, pero no cuenta con apoyo político de los pobres, los indígenas, ni los campesinos, quienes sufren las grandes carencias sociales. Se debe tomar en cuenta que, en su programa político, estos sectores nunca aparecieron como los más beneficiados, lo que ya está produciendo conflictos sociopolíticos, principalmente por su trato racista e irrespetuoso con los pueblos originarios.

Debe enfrentar la falta de legitimidad; solo tuvo el voto del 24% de los empadronados y el 76% no lo apoyó, lo que representó una “Victoria Pírrica”. Ello contabiliza una mínima base social, diluida, a consecuencia de sus políticas erráticas. Demostró que ante situaciones adversas y de emergencia nacional, sus reacciones fueron inconsistentes y corruptas, dando prioridad a temas ajenos al bienestar de la población, demostrando su poca capacidad como estadista.  A ello se debe agregar otros retos, como erradicar la impunidad; luchar contra el crimen organizado y enfrentar a las pandillas. Ofreció otras soluciones para combatir la corrupción incrustada en el Estado sin la presencia de la CICIG. Para ello planteó crear una comisión especial vinculada al Ejecutivo, pero al estar integrada con personal proveniente del mismo sistema, sería generador de la propia corrupción.

El país con una economía artificial, no puede seguir viviendo de préstamos de los bancos internacionales. Tampoco fue prudente solicitar al Legislativo aprobar un presupuesto que no corresponde a las necesidades del país. Parte de la economía nacional, se sostiene por las remesas de migrantes considerados de tercera categoría, por los que el gobierno no contempla una política internacional en su beneficio. Según el Banco de Guatemala, durante el 2019, se reportó un monto total de US$10 mil 500 millones de remesas familiares (US$10.5 millardos), lo que equivale al 13.8% del Producto Interno Bruto, PIB. Esa cifra es similar al PIB que aporta el sector industrial a la economía nacional.  De ello se deduce el poco desarrollo de este sector económico conservador. La diferencia es que, según el gobierno de los Estados Unidos, los migrantes son ilegales, delincuentes, y terroristas, y los industriales son “dignos representantes de las mejores familias guatemaltecas”. Además, las remesas aportan alrededor del 75% del presupuesto nacional, de US$11 mil 332 millones aprobados por el Congreso para el ejercicio fiscal de 2019, que es el mismo de este año. Pero el desprecio por los migrantes es igual al que manifiesta por los pueblos originarios.

No se debe pasar por alto, que el Grupo de Donantes G13 solicitó al gobierno por medio de un comunicado, que se investiguen los hechos en las manifestaciones del día 21, para responsabilizar a los culpables de la generación de violencia y el uso excesivo de la fuerza. Significa que esos incidentes trascendieron las fronteras nacionales, estando el gobierno fiscalizado por la comunidad internacional, dando seguimiento a los proyectos de gobierno, que, ante la corrupción, políticas erráticas y poco transparentes, podrían dejar de financiarlos.

Para salvar su mandato, solo le quedará la posibilidad de apoyarse en la fuerza pública para gobernar por medio de la represión, tal como lo hizo ante la criminalización de las demandas sociales en la plaza. Pero eso, solo le provocará mayor desgaste político, sumado al producido en el primer año, no se pronostica entonces una continuidad y final exitoso. Los problemas nacionales son mayúsculos como para ser abordados de manera incoherente, todo indica que, al mandatario por su incapacidad, no estaba capacitado para gobernar, y le quedó muy grande el tacuche.