Fotografía de Danilo Ramírez
Esta semana amanecimos con la fatídica noticia de que casi la mitad de las autoridades que integran el gabinete de gobierno, así como el propio presidente Giammattei habían dado positivo para COVID-19. El avance de la semana reveló que la causa de contagio podía estar en un par de celebraciones extraoficiales acontecidas la semana anterior, donde se reunieron la crema y nata de nuestras autoridades, desobedeciendo las disposiciones presidenciales que impiden al resto de ciudadanos guatemaltecos disfrutar de una película en el cine o incluso abrazar a nuestros mayores, mermando el ejercicio de nuestros derechos fundamentales como el de reunión.
Estamos en un Estado Constitucional de Derecho donde rige el imperio de la ley para gobernados y gobernantes, pero con una sutil e importantísima diferencia, mientras que el ciudadano puede hacer todo aquello que no está prohibido en la ley, a nuestros gobernantes y funcionarios solo les está permitido hacer en el ejercicio de sus cargos, aquello que explícitamente está contemplado en la ley. Nuestras autoridades están limitando nuestros derechos a través de innumerables disposiciones presidenciales amparadas por un estado de calamidad, prorrogado hasta en seis ocasiones por el Congreso, que luego ellos mismos desobedecen mientras los empresarios ven como sus empresas quiebran, los trabajadores pierden sus fuentes de ingreso, nuestros niños no pueden acudir a las escuelas y la población es sancionada si se le ocurre infringir alguna de las disposiciones presidenciales. No queda más que decirles: ¡A Dios rogando y con el mazo dando!
El Acuerdo Gubernativo número 197-2004 regula las normas de ética del organismo ejecutivo con base en el artículo 183 de la Constitución de la República de Guatemala y el artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Todas estas normas, obligan a las autoridades y funcionarios de nuestro país a ejercer su función atendiendo a los principios de probidad, responsabilidad, honestidad, lealtad, solidaridad, trasparencia, integridad, discreción, rectitud, imparcialidad, veracidad, austeridad, accesibilidad, disponibilidad, descentralización, celeridad, diligencia, disciplina, eficiencia, eficacia, calidad, respeto, prudencia, decoro, y honradez.
Si el proceso establecido en la Ley de Comisiones de Postulación se encuentra detenido e investigado por la Fiscalía Anticorrupción, precisamente por la falta de ética y honradez en la elección de los magistrados que deben integrar las más altas cortes de este país, dejando acéfalo a uno de los tres poderes del Estado, no debería ser extraño que la fiscalía iniciara las oportunas diligencias de investigación contra nuestro presidente y su gabinete, a la vez que el pueblo soberano exige su renuncia.
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