De regreso a las calles

Esta semana, un grupo de diputados presentó una iniciativa de ley que propone la salida del ejército a las calles, como solución al aumento de la violencia en el país. Se tiene el criterio de que el ejército debe participar en actividades de Seguridad Interna, como medida de disuasión contra la delincuencia. Los patrullajes fueron institucionalizados y legalizados en decretos, por los gobiernos después de la Firma de la Paz y no han dado ningún resultado. Únicamente se trasmite hacia la sociedad una percepción de seguridad, cuando lo que se necesita es dar respuestas efectivas a todas las amenazas y estar preparados para enfrentarlas y eliminarlas. La salida del ejército a las calles es contraproducente porque inhibe el fortalecimiento de las instituciones de la seguridad interna, como la inteligencia Civil y la Policía.

Los críticos a la presencia de militares en las calles, argumentaron por años que el ejército no fue creado para la seguridad interna y que además los resultados no han sido positivos. Los Acuerdos de Paz, indicaban “que la misión del Ejército queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio…” En ausencia de una guerra, la fuerza armada está asignada a la protección de la soberanía nacional, y su principal actividad se debe enfocar a la protección del territorio.

Al concluir el Conflicto Armado, al ejército se le ha utilizado para múltiples tareas, para justificar su razón de ser, pero en este momento político, aún se le busca su verdadero “Que Hacer”, el cual no está muy claro. Quizá ese no sea el problema, lo que buscan tanto los grupos económicos como los gobiernos que los representan, es cómo utilizar a la institución armada, dentro de sus aventuras políticas por el poder.

Las funciones de defensa son diferentes de las funciones de seguridad interna, y hay un ambiente propicio para definir las nuevas misiones en el contexto de la democracia. Le corresponde a la institución militar, la defensa de la nación. Se trata de un cambio fundamental en la manera de operar y entender la seguridad y cuyo origen no está en los asuntos militares.  La seguridad se genera por medio de políticas públicas de desarrollo, y no especialmente por políticas de defensa. El tema de la seguridad en su origen se formuló con una dimensión de democracia política y justicia social. Producir seguridad y gobernabilidad es crear condiciones y calidades de vida institucional, económica, social y personal. Un tratamiento integral de las amenazas, deben ser tratadas a partir de la Agenda de seguridad del Estado, que dé prioridad a intereses nacionales, y no una agenda que atiende las necesidades de seguridad de la potencia del Norte, impuesta desde el exterior.

El proceso de transición del autoritarismo a la democracia aún no culmina, y se ha prolongado. Porque estos gobiernos son representantes de las fuerzas retardatarias, conservadoras y oscurantistas, que no permiten que el proceso llegue a feliz término, por la afectación de sus intereses económicos principalmente y políticos como consecuencia. Se han propuesto instituir un nuevo Estado autoritario, similar al que existía cuando se consolidaron como fuerza económica dominante; sin derechos humanos que implementar; con fuerzas represivas y de seguridad a su servicio; sin control y fiscalización ciudadana sobre a quién rendir cuentas.

Giammattei prometió desaparecer la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y crear de nuevo el Estado Mayor Presidencial dirigido por el ejército. Anteriormente, la rosca militar manejaba la agenda del presidente y, sobre todo, decidía su actuación política. Muchas decisiones fueron tomadas en el ministerio de la Defensa, y el presidente fue un ejecutor de esas decisiones. En los Acuerdos de Paz, se planteó la necesidad de desmilitarizar las decisiones políticas de los mandatarios de la nación, razón por la cual se planteó la integración de un organismo civil, para apoyar al presidente y no asumir sus funciones. En esas condiciones fue creada la SAAS. El principal problema consiste ahora en que el ejército estaría otra vez alrededor de las decisiones políticas presidenciales, y no solo patrullando las calles, de nuevo, sería su fortalecimiento y la toma del poder.

Para que esto no suceda, la primera condición será fortalecer las instituciones del Estado, las que puedan garantizar la seguridad ciudadana. El problema de la seguridad no se reduce a un problema de policías y soldados, es una Política de Estado, dirigida para ser efectiva, coordinando sus acciones con todos los ministerios, secretarías e instituciones; con todo el sistema de la administración pública.  Habrá que recuperar el Sistema Nacional de Seguridad, creado años atrás y que fue desnaturalizado por el régimen del Partido Patriota, el desmantelamiento lo continuó FCN-Nación y según se ha observado, también el actual gobierno. ¿Cuál será entonces el papel del ejército dentro del incipiente régimen democrático?

Una respuesta a “De regreso a las calles”

  1. El Ejército de Guatemala como se menciona en los acuerdos de paz efectivamente es defender soberanía de Guatemala por aire mar y tierra, es aquí donde el actual ejecutivo debe reformar la constitución no solo por tema de seguridad sino temas en general, donde se planteen soluciones y no problemas y con categoría profesional para resolver las demandas que el pueblo de Guate tiene sin perjudicar a nadie porque la realidad esta llena de asperezas.

    El ejército como alto mando con el Señor Presidente también deberían de tomar decisiones o crear ministerios de seguridad nacional. O en su defecto activar la ley de ubico con el no hubo delincuencia ni caprichosos hubo mano dura y todos trabajando por la mejora de un país.

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