En el ojo de la tormenta

A petición del Ejecutivo, el Congreso ratificó el estado de Calamidad Pública en 10 departamentos afectados por la depresión tropical Eta. El decreto otorgó fondos para restaurar los sitios turísticos, y para el funcionamiento del Registro Nacional de las Personas (RENAP). Los diputados exigieron transparentar en el gasto, atender la emergencia y la reconstrucción de comunidades, cultivos e infraestructura dañada. También otorga fondos al ministerio de Agricultura y favorece las contrataciones del Estado durante la emergencia. Eso le permite al Ejecutivo, utilizar el presupuesto, donaciones y otros recursos, sin necesidad de rendir cuentas, amparado en el estado de excepción. La Contraloría General de Cuentas (CGC), no ha podido funcionar ante esas acciones de malversación. Además, el presidente Alejandro Giammattei, pidió al Legislativo aprobar el presupuesto 2021, la aprobación de un paquete de leyes económicas e influyó en la elección de la Junta Directiva.

Giammattei, que desde un inicio manifestó rasgos de autoritarismo, ha gobernado dentro de estados de excepción, como un recurso para mantener el control político sobre la sociedad.  La Ley de Orden Público, LOP, que reglamenta los Estados de Excepción, formó parte de la estrategia Contra-Insurgente en los años del Conflicto Armado, y fue una herramienta utilizada por el Estado para mantener por la fuerza el control político sobre la población. Esta norma no corresponde a la actual práctica democrática; tiene vigencia, es legal, pero es ilegítima y se debe reformar o cambiar. A pesar de tener rango constitucional, es una ley que corresponde a la etapa de la guerra y en la actualidad no tendría razón de ser.

Un gobierno autoritario, es un gobierno débil, que solo por la fuerza puede mantenerse en el poder e imponerse sobre la población, neutralizando o reprimiendo sectores que cuestionan su autoridad.  Ello genera inconformidad, en la medida que la población es coaccionada, por lo tanto, el gobierno reduce su fortaleza hegemónica, legitimidad y gobernabilidad, donde las autoridades, no son percibidas como representantes de los intereses colectivos.

El poder coercitivo lo utiliza el Estado para forzar la obediencia de la población, aplica diversos grados de coacción que van desde la amenaza de sanciones legales, hasta la aplicación de la violencia física. Pero el poder coercitivo no es suficiente, porque crea descontento, e impone un desgaste continuo y oposición organizada, que afecta los intereses del régimen de dominación. En esas condiciones, la sociedad le pasa la cuenta al régimen, tal como sucedió en 2015, cuando la población tomó la Plaza y expulsó a los gobernantes corruptos de turno.

Llama la atención que, en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, son recurrentes los estados de excepción, que ahora se extiende a otros departamentos, que han servido para encubrir actividades ilícitas de narcoactividad allegadas al régimen político. Pero también han servido para esconder actividades ilícitas y políticas corruptas, aprovechando la crisis de la pandemia y donde el gobierno, en su primer año, es fiscalizado por la sociedad y se encuentra en el ojo de la tormenta.

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