Hay que consultarle a la gente

Las decisiones trascendentales e importantes que quieran tomar las autoridades de gobierno deben ser consultadas al pueblo. Ese precepto constitucional debe ponerse en práctica con más regularidad en Guatemala, debido a los abusos y discrecionalidad de los funcionarios públicos.

Fotografía de Fernando Chuy

Una consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana exigido por toda democracia moderna. La gente quiere opinar, quiere aportar, quiere ser parte de las decisiones que le afectan. Por supuesto, esto no le gusta ni le conviene a los “poderosos”, pero debemos usar estas consultas como una herramienta legal y obligatoria para que se escuche a la gente.

Vemos ejemplos en diversas partes del mundo, donde la gente exige consultas populares para decidir sobre temas fundamentales. Recientemente en Chile, la gente se volcó a votar para que cambie la constitución de ese país y por ende, que se cambien, entre otras cosas, el sistema político y económico del Estado. La gente, por ejemplo, está exigiendo que se cambie el sistema de “partidos políticos” que han dominado el espectro electoral y se le dé la oportunidad al ciudadano(a) de participar en forma independiente, sin necesidad de organización política. La gente quiere participar pero no en el sistema actual en el que prevalece el dinero y las componendas.

La población quiere y debe participar de las decisiones que afectarán a la comunidad en la que viven. La idea de los consejos de desarrollo era esa, pero ha sido manipulada y controlada también por esos “poderosos”. Por eso, deben implementarse de nuevo los cabildos municipales abiertos, las consultas populares sobre decisiones económicas y, en especial, las decisiones políticas que están tomando los funcionarios públicos.

De nada sirve que la Contraloría General de Cuentas (CGC) fiscalice e incluso denuncie la pérdida del dinero público, porque de igual forma ya se perdió, ya se otorgó un contrato anómalo, o no se hizo la obra que se tenía que hacer. Por eso es vital que la gente participe desde la planificación de los proyectos, que decida sobre conveniencia de realizar o no una obra, y que se nos permita cumplir con el deber ciudadano de fiscalizar el gasto público.

La gente quiere saber qué quieren hacer los funcionarios. Ya no es suficiente enterarse de lo malo que hicieron. El pueblo tiene el derecho de participar y de ser consultado sobre las decisiones y políticas públicas.

Si al final, somos los ciudadanos(as) quienes seremos afectados o beneficiados, ¿Por qué no consultarnos?

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