Sobre abusos de poder e irrespeto a la institucionalidad

Quien no conoce la historia, está condenado a repetirla dice un viejo refrán. Parece que, en Guatemala, son pocos los políticos que la conocen ya que la mayoría comete los mismos errores que sus antecesores, especialmente en relación a no respetar la institucionalidad estatal.

Luis Miguel Martínez, con 31 años dirige el Centro de Gobierno.

La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) es bastante clara en cuanto a las funciones del Presidente, Vicepresidente y sus ministros. A pesar de eso, vemos cómo los Presidentes de turno, violan las normas establecidas y crean órganos con el único fin de concentrar el poder político y la toma de decisiones político-administrativas.

Este período presidencial no es la excepción, llegando al extremo de crear una “súper entidad” que estaría por encima –incluso- del Vicepresidente y de los propios ministerios. El Centro de Gobierno recién creado por decisión presidencial tiene un delegado por cada ministerio del gabinete, sin que esté claro cuál es su fin o su lógica, si los ministros deberían ser personas de confianza del presidente y son los delegados del presidente para cada una de las funciones que la propia ley les asigna.

Existe entonces, desde el punto de vista político y legal, una duplicidad de funciones y de gasto, siendo inconstitucional la creación de este “centro de gobierno”; legalidad que ya está siendo discutida en la Corte de Constitucionalidad (CC) por haberse interpuesto varias acciones legales en contra de esta entidad cuya razón lógica existe solo en la mente del presidente.

Es triste ver cómo se repite el mismo error, ya sea por el deseo de concentrar el poder desde una mentalidad autoritaria, por el deseo de complacer a un pariente o amigo, o incluso para delegar el poder en otra persona que no ha sido electa para el cargo, irrespetando la institucionalidad establecida y duplicando funciones por motivos particulares. Desde el presidente Berger, se crearon “los comisionados” que duplicaban la función ministerial; el presidente Colom delegó las decisiones sociales en la primera dama; Pérez Molina entregó las decisiones de estado a la señora Baldetti.

Esta falta de respeto a las instituciones legales y políticas establecidas, ha resultado en abuso de poder y discrecionalidad e incluso en procesos judiciales, debido a las ilegalidades, desde su creación, ya que la propia CPRG establece la prohibición de delegar la función pública.

Esperemos que se rectifique a tiempo y se cambie esta decisión errónea, antes de que tenga consecuencias más negativas para el país, para el presidente y para sus “funcionarios”.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.