Presenciando la destrucción de la República …en cámara lenta

Como en Roma, los bárbaros tocando a las puertas

Qué poco conocemos la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cómo se puede decir que se consolidó un sistema democrático auténtico?

Guillermo Castillo y Alejandro Giammattei el día en que recibieron sus credenciales como vice y presidente de la República.

Lo que se consolidó en Guatemala es una República, que para garantizar el principio de alternabilidad en el poder y la representación ciudadana recurre al sistema democrático de mayorías.

Pero eso no la convierte en una democracia donde gobierna la mitad más uno, pudiendo así conculcar los derechos de la mitad menos uno.

Una república difiere en el hecho de que la población en general elige representantes que luego promulgan leyes para gobernar a la nación. Una democracia es el gobierno por el sentimiento de la mayoría; una república es el gobierno por medio de la ley.

Una república es un sistema en el que el individuo es el fundamento del orden social. El poder radica en el pueblo quien lo delega en el estado obligándolo a garantizarle a la persona humana el pleno goce de sus derechos dentro de un Estado de Derecho.

Estos principios los recogimos los constituyentes en nuestra Constitución cuando dijimos “afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz”.

Cuando establecimos: “Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Léase bien, de la República no de la democracia. Por lo expuesto, al elaborarla y suscribirla constituimos una República.

Esa misma República que hoy se nos cae en pedazos ante los golpes de los bárbaros. Una Corte Suprema) que desconoce la preeminencia constitucional de la Corte Constitucional, creada para tal propósito, aunado a que esa misma corte se quiere deshacer por mandato expreso, del vicepresidente.  Un congreso que tampoco reconoce dicha preeminencia y abiertamente desobedece una resolución judicial, continuando con el trámite impugnado. Un Ministerio Publico, el ente encargado de aplicar la ley, que no secuestra el expediente de antejuicio motivo de toda la discordia. Y un ejecutivo jugando a doble juego, beneficiándose del desgaste institucional para gobernar por decreto, “disposiciones presidenciales” ad eternum, con un estado de excepción basado en una ley abiertamente inconstitucional.  Y todo por el abuso de poder de la corte que se supone defiende la Constitución. ¡Que contrasentido!

Las palabras Venezuela y Nicaragua no se oyen tan lejos. El silencio otorga, y quienes participan de este movimiento tienen un interés obvio: ¿Y los demás?

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