Las niñas no eran delincuentes

Fotografía de Proyecto 44

El 8 de marzo de 2017, 34 mujeres jóvenes murieron calcinadas en el «Hogar Seguro» Virgen de la Asunción de Guatemala (HSVA). Quince días después, la cifra aumentó a 41 víctimas. El entonces presidente Jimmy Morales Cabrera, en un arrebato de misoginia, afirmó falsamente el 10 de marzo de ese año ante la cadena de televisión CNN en Español: «muchas de estas menores tenían conflicto con la ley, algún tipo de carácter violento».

Según la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que tenía a cargo el albergue, solo una niña había estado un tiempo en un centro de adolescentes en conflicto con la ley penal; después la enviaron al HSVA porque no tenía opciones familiares adecuadas, una vez finalizó el cumplimiento de su pena. Las otras 55 niñas permanecían en el HSVA por las siguientes razones (sin más información sobre el significado específico de cada categoría): 16 por «huir de casa»; 12 por «rebelión»; cinco por «abandono»; cinco por necesidad de «refugio y protección»; cuatro por «consumo de drogas»; tres por «violencia sexual»; tres por «riesgo social»; tres por «razones desconocidas»; dos por «problemas familiares»; una por «abuso» y una porque «era huérfana».

El «Hogar Seguro» empezó a funcionar en El Platanar, San José Pinula, en junio de 2010, durante la presidencia de Álvaro Colom. Al principio era el Hogar Solidario Virgen de la Esperanza. En 2012, cambiaron el gobierno y el nombre. Dejó de ser «solidario» para pasar a ser calificado como «seguro». Era otra la advocación que, supuestamente, iba a amparar a la niñez y adolescencia, víctima de abusos, abandono y explotación.

Ese hogar sustituto surgió para atender niños y adolescentes de 0 a 18 años, víctimas de violencia física, psicológica y sexual; con discapacidad leve; abandono; en situación de calle; adictos; explotados comercial, laboral o económicamente y sometidos a adopciones irregulares.

En 2012, un maestro abusó sexualmente de 2 jóvenes, entre 12 y 13 años. El 17 de octubre de 2013, una niña de 14 años que fue rescatada por convivir con un hombre de 66 años, fue asesinada por dos compañeras de similar edad. En 2014, un niño de 8 años fue víctima de abusos sexuales en ese lugar.

Entre enero de 2014 y julio de 2015 el Sistema de Alerta Alba Keneth, la unidad de la Procuraduría General de la Nación (PGN) encargada de buscar y localizar a menores desaparecidos, recibió 233 reportes por «desaparición» en el «Hogar Seguro». Entre el 1 de enero de 2016 al 12 de marzo de 2017, activaron 178 alertas de desaparición, de las cuales 100 correspondían a niñas y 78 a niños, entre 9 y 17 años.

El HSVA albergó a niñas, niños y adolescentes con una amplia gama de perfiles y necesidades. Durante años, las autoridades estatales no brindaron respuestas a las denuncias oficiales por negligencia, violaciones de derechos humanos —las cuales incluían violencia psicológica, física y sexual y trata de personas—, malas condiciones de vida y deficiente monitoreo y supervisión en el hogar, presentadas por instituciones internacionales y nacionales. También, se desatendieron las imputaciones de los niños y las niñas que vivían en el HSVA. Varias de esas incriminaciones fueron presentadas por niñas que murieron en el incendio, meses antes de su muerte.

Las denuncias se referían al hacinamiento y malas condiciones de vida; falta de recursos y atención especializada para niñas, niños y adolescentes; violencia y abuso por parte de niñas, niños y adolescentes y personal del HSVA; trata de personas y explotación sexual; y supervisión y control deficiente por parte de las autoridades del HSVA.

En 2016 se presentaron 21 denuncias en el Ministerio Público, sobre violencia y maltrato físico dentro del módulo «Mi Hogar» del HSVA, donde se encontraban las 56 víctimas. En varios casos, los educadores del HSVA acompañaron a las niñas a presentar sus sindicaciones. Entre éstas, seis eran de niñas que murieron calcinadas el 8 de marzo de 2017, quienes, meses antes de su muerte, denunciaron abusos físicos sufridos en el HSVA.

Fotografía de Proyecto 44

Antes de la tragedia, una de las sobrevivientes tuvo que recibir atención médica al haber sido víctima de un asalto. En otro caso, el Ministerio Público solicitó a la Policía Nacional Civil que proporcionara medidas de protección para una niña que sufría maltrato físico dentro del HSVA.

De septiembre a noviembre de 2016, 55 niñas, niños y adolescentes «desaparecieron» del HSVA. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por esta situación en su informe anual sobre las actividades de su Oficina en Guatemala, de 2016.

El 11 de octubre de 2016, la PGN accionó contra el HSVA ante el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana por la desaparición de niñas, niños y adolescentes del HSVA.

En uno de los expedientes presentados al Ministerio Público en octubre de 2016, una niña relató cómo había sido inducida por una compañera, escapándose del HSVA junto con otras seis niñas. Llegaron a pie hasta una casa en la zona 18, controlada por una pandilla. En ese lugar les prometieron: «íbamos a estar bien, nos iban a dar ropa, dinero, teléfono». Al percatarse de que se trataba de una pandilla y trataron de entrar en la habitación donde ellas durmieron durante su primera noche en la casa, tres escaparon («porque nos dio miedo estar ahí»). Sin embargo, las otras tres se quedaron. La niña regresó a su casa, pero después de ser entrevistada por una trabajadora social fue devuelta al HSVA.

En noviembre de 2016, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de niñas y adolescentes, así como por las sospechas de que redes de trata de personas y explotación sexual operaban desde el HSVA.

En la misma fecha, el PDH solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de las niñas, niños y adolescentes en el HSVA, las cuales fueron otorgadas el 12 de marzo de 2017, cuatro días después del incendio.

Ante las reiteradas denuncias, el 12 de diciembre de 2016, la jueza del Juzgado Sexto de la Niñez y la Adolescencia, Silvia Lorena Vásquez Calderón, ordenó| el cierre «inmediato» del HSVA y condenó «al Estado de Guatemala por la inobservancia, respeto y aplicación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia que han estado o permanecen en el HSVA». También solicitó al Ministerio Público que investigara a los funcionarios encargados del centro, para determinar si tuvieron «responsabilidad penal» en los hechos allí ocurridos.

En la sentencia, identificada como expediente E-01174-2016-1379, se estipuló la «reingeniería» del HSVA, la cual incluía «elaborar perfiles de la más alta calidad para el reclutamiento del personal», así como la desinstitucionalización de niñas y niños. Dispuso «destruir o cerrar de manera inmediata «lugares destinados a la tortura y maltrato». La sentencia fue apelada por la SBS, por lo que el albergue continuó abierto hasta el desastre del 8 de marzo de 2017.

Algunas de las niñas que sobrevivieron al siniestro, dieron a conocer que ciertos ambientes en el interior del HSVA se empleaban para el confinamiento solitario, como castigo y medida disciplinaria.

Después del desastre, el 7 de junio de 2017, la Corte de Constitucionalidad ordenó el «cierre definitivo» del HSVA (Expediente No. 1577-2017). En mayo de 2018, el Presidente de la República anunció que las instalaciones serían utilizadas para un centro para adolescentes en conflicto con la ley penal. Sin embargo, se habilitaron hogares de abrigo y protección de menores dimensiones, administrados por la Dirección de Protección Especial Residencial del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de la Secretaría de Bienestar Social, en otras áreas del Departamento de Guatemala y de Sacatepéquez. En estos lugares, las niñas, niños y adolescentes en el sistema de abrigo y protección continuaron en condición de «albergados».

Continuará…

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