Cómo incorporar procedimientos simples y públicos en las Comisiones de Postulación

Los problemas de corrupción y justicia son en parte el resultado de la reforma constitucional de 1993, que creó las Comisiones de Postulación como una forma de privatizar la elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ) y otros funcionarios. Este mecanismo fue aprovechado por poderes obscuros para garantizar su impunidad al tener el control de todas las Cortes.

Hoy en día, muchos quieren aprovechar la necesidad de tener un sistema que garantice imparcialidad en la integración de las Cortes con abogados éticos, y valiéndose de este argumento, proponen una innecesaria reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), con tal de poder hacer cambios que favorezcan los intereses de los poderosos.

Está claro que es necesario un mecanismo nuevo, pero éste debe crearse en la Ley de Comisiones de Postulación y no en la CPRG. Esa ley desarrolla los artículos constitucionales por lo que es en ésta que debe crearse el nuevo procedimiento. MIENTRAS MÁS SIMPLE Y PÚBLICO, MEJOR.

Primero, debe incorporarse la responsabilidad pública y penal de los comisionados, en caso de descubrirse colusión. Incluso, deberían tomar juramento para el desempeño de su función, so pena de ser juzgados por escoger a personas vinculadas a intereses particulares o al crimen organizado. Segundo, debe ser prohibido que los diputados o bancadas se reúnan con los postulantes o con los comisionados, existiendo responsabilidad penal y cívica por dichas acciones.

Tercero, debe crearse un mecanismo en el que: todos los comisionados revisen y evalúen públicamente todos los expedientes presentados; exista una fiscalización abierta y pública de los postulantes por la sociedad civil; exista también investigación e informes vinculantes del Ministerio Público y del Organismo Judicial para que los comisionados no puedan escoger a abogados cuestionados o vinculados con la corrupción. Por último, cada comisionado debe emitir su voto en forma oral en audiencia pública para que toda la población sepa por quién votó cada uno.

De esta forma, cada comisionado será responsable ante la sociedad y ante la ley si vota por un postulante corrupto, o abiertamente vinculado a sectores particulares, sean éstos económicos, políticos o ilícitos.

Si las comisiones de postulación escogen listas de abogados probos, éticos y sin intereses particulares, el Congreso o el presidente, deberán elegir entre éstos, y aunque quieran manipular la elección, solo podrán escoger entre gente correcta.

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