Las Cortes, tarjeta para salir gratis de la cárcel

Fotografía de José Orozco

Parece que hemos olvidado por qué salimos a manifestar en el año 2015, exigíamos un cambio de autoridades, la corrupción había alcanzado límites insoportables. Estaban infiltrados los tres poderes del Estado: El ejecutivo para hacer negocios, el legislativo para aprobar las leyes y asignar obras en el presupuesto nacional y el judicial para obstaculizar cualquier tipo de denuncia por corrupción, utilizando el rechazo de los antejuicios como instrumento de impunidad.

Esa triste realidad sigue sin cambiar y está manifestándose en la coyuntura jurídica que vive hoy el país. Esta coyuntura, sin usar términos legales complicados, se puede ejemplificar con el juego de Monopoly. ¿Recuerdan que existía una tarjeta para “salir gratis de la cárcel”?, bueno, eso significa esta “elección de las Cortes” para quienes viven de la corrupción. Si eligen como magistrados a abogados, cuestionados, corrompidos y comprables, tienen garantizado ganar cualquier denuncia en su contra, mantenerse libres y seguir cometiendo actos de corrupción como funcionarios públicos.

Estos problemas de corrupción y justicia son producto de la creación de las comisiones de postulación en 1994, con las que prácticamente se privatizó la elección de las autoridades públicas (magistrados del OJ y TSE, Fiscal General, etc.); comisiones, cuyos miembros pasan desapercibidos, pero son los responsables de elaborar listas de postulantes cuestionados, procesados y vinculados a poderes fácticos y obscuros. Si las comisiones de postulación escogieran a abogados probos, éticos y sin intereses particulares, no importaría a quien elija el Congreso o el Presidente, en su caso.

Estas comisiones elaboraron listas que incluían abogados muy cuestionados, al punto que el mismo Ministerio Público solicitó que varios fueran eliminados de ellas. El Congreso (mayoría oficialista) se rehusó a eliminarlos. La Corte de Constitucionalidad (CC) le “prohibió” al Congreso realizar la elección con estos postulantes. De nuevo el Congreso se negó a acatar esta resolución y siendo la CC el obstáculo para elegir a “sus magistrados”, presentó un antejuicio en su contra. La CC, está entonces, defendiéndose con sus propias acciones legales. Hoy se rumora que el Congreso (la mayoría oficial) quiere dilatar la elección hasta que cambien a los magistrados de la CC y tener a nuevos magistrados que estén bajo su control.

Al final, tristemente, todo este teatro legal es una maniobra de un pequeño grupo para consolidar la corrupción en el país y seguir robándoles el futuro a sus ciudadanos.

 

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