El inicio de la tragedia de las tragedias

 

Mujeres protestan en la Plaza de la Constitución por la muerte de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Fotografía de Lozano

El 7 de marzo de 2017, a eso de las 13:30 horas, hubo una «crisis» entre dos niñas de la sección «Mi Hogar» del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA), ubicado en San José Pinula. Eran niñas y adolescentes, entre 13 y 17 años. Ambas pretendían llamar la atención, un día antes de la conmemoración del Día de la Mujer, para denunciar las condiciones infrahumanas y el maltrato que sufrían.

Poco tiempo después, un grupo de niñas de la misma sección subió al techo del albergue y gritaron a los niños y adolescentes, entre 13 y 17 años, recluidos en la sección «San Gabriel», para que se sumaran a la protesta.

Alrededor de las 15:30 horas del 7 de marzo, según la información que me proporcionaron niñas sobrevivientes, por motivos que no fueron investigados, miembros de seguridad abrieron la puerta del HSVA para que saliera una cantidad aproximada de 100 niñas y niñas.

El director del HSVA, Santos Torres, llamó por teléfono al Secretario de la Secretaría de Bienestar Social, para pedir el apoyo de la Policía Nacional Civil. Los uniformados se desplegaron y principiaron a detener ilegalmente y sin causa justificada a las niñas y niños, quienes son inimputables por su condición de menores de edad. Varios de los fugitivos fueron ubicados en el centro urbano de San José Pinula. La PNC los concentró afuera de la entrada del Hogar Seguro, donde los mantuvieron inmovilizados durante casi nueve horas.

Varias víctimas estaban descalzas y mojadas por haber atravesado un río de aguas negras durante el escape. Permanecieron sin nada que las protegiera contra el frío que sentían. Varias niñas y niños fueron reportados como «desaparecidos», de acuerdo con los términos de la alerta «Alba Kenneth».

A partir de las 16:00 horas del 7 de marzo se presentaron funcionarios de las distintas instituciones estatales con responsabilidades en materia de protección de la niñez. Llegó la Defensora de la Niñez de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Gloria Castro Gutiérrez y otros representantes de esa institución.

Hasta las 16:40 horas se hicieron presentes el Secretario Carlos Antonio Rodas Mejía y la Subsecretaria Anahí Keller Zabala, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

Alrededor de las 18:00 horas, acudió el Procurador de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, Harold Augusto Flores Valenzuela. A eso de las 21:00 horas Carlos Alberto Beltetón Coronado se presentó como «asesor de la presidencia de la república». Los funcionarios estuvieron más de cuatro horas discutiendo qué harían con las víctimas.

Hacia las 18:30 horas, el Procurador de los Derechos Humanos solicitó la exhibición personal a favor de las niñas y niños. La jueza de paz del municipio de San José Pinula, Rocío Álbany Murillo Martínez, no cumplió con practicar dicha solicitud. Eran las 23:45 horas cuando los funcionarios firmaron un acta en la cual renunciaban de su obligación de cuidar de las niñas y niños fuera del Hogar Seguro.

A las 00:30 horas del 8 de marzo, los representantes de la Procuraduría General de la Nación y Secretaría de Bienestar Social recorrieron las instalaciones del HSVA para decidir dónde pasarían la noche las víctimas. Alrededor de las 02:30 horas, niños y niñas fueron ingresados al refugio. Decidieron que serían conducidos ante un juez al día siguiente, para establecer cuál era su situación dentro del llamado sistema de protección especial para recibir protección y abrigo. Ninguno de los cobijados tenía conflicto con la Ley penal.

Los 43 niños fueron llevados primero y encerrados en el auditorio. En la puerta colocaron un candado. Los policías pretendían inspeccionar a las 56 niñas antes de ingresarlas. Las manosearon, jalándoles las blusas y los brasieres. El informe policíaco del 8 de marzo indicó que «las niñas estaban protegidas por 40 agentes de la policía».

En esa madrugada del 8 de marzo, Anahí Keller Zabala junto con Brenda Chamán, jefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato, ordenaron sacar todos los escritorios de la llamada «aula pedagógica», con dimensiones de 6.8 x 7 metros cuadrados. Tenía una capacidad para 26 estudiantes. Contaba con una sola puerta, sin agua ni servicios sanitarios.

En ese pequeño espacio introdujeron 22 colchonetas. Dos o tres niñas compartían cada jergón. No les dieron almohadas, sábanas, mantas ni ropa seca. Una sobreviviente relató que algunas colchonetas estaban muy húmedas y apestaban. Una de las recluidas aparentemente estaba embarazada y otra sufría por una luxación de pelvis por haber caído del techo el día anterior. Varias estaban descalzas y otras sin suéter. Tenían impregnado el olor a gas pimienta que les había rociado Cruci Flor de María López, una de las monitoras. En las primeras horas del día en que 41 de las niñas fueron asesinadas, permanecieron vigiladas por una veintena de policías, quienes se burlaban y amenazaban con dejarlas ahí por semanas.

Según la investigación realizada por el Ministerio Público, la subinspectora de la Policía Nacional Civil, Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, tenía a su cargo la llave del candado donde fueron confinadas, a pesar de que tenían su dormitorio en el módulo «Mi Hogar», dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

 

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